Una fuente de la organización no gubernamental Cristosal confirmó la suspensión y, según el abogado David Morales, no se llevó a cabo la diligencia debido a la presentación de una solicitud por parte de la defensa en la que se argumentó que “sus testigos están fuera del país” y a la falta de tecnología para la comparecencia virtual de uno de los imputados.
Se tenía previsto que la vista pública se desarrollara en el Tribunal Primero de Sentencia del municipio de San Miguel, a más de 138 kilómetros de la capital San Salvador.
“Parece que la justicia de El Salvador está con muchos fallos, con muchos problemas (…) estamos a ocho meses ya esperando a que se instalé la vista pública de este caso. Histórico caso que es el primero que llega a vista pública contra un escuadrón de la muerte desde que se firmaron los Acuerdos de Paz”, dijo Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal y querellante.
Indicó que el Tribunal estaría “reprogramando prontamente” la diligencia.
La justicia salvadoreña ha fallado nuevamente a las víctimas al suspender por tercera ocasión el juicio contra integrantes de un "escuadrón de la muerte" por crímenes de lesa humanidad. #SanAndrésEsperaJusticia pic.twitter.com/qukT5vhqJ3
— Cristosal (@Cristosal) January 15, 2024
El tribunal de Sentencia suspendió en mayo de 2023 el comienzo del juicio por la ausencia de tres abogados defensores, y el 14 de agosto de ese mismo año la diligencia fue suspendida por segunda vez porque la corte no pudo concluir a tiempo una audiencia por otro caso.
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Juan Luis Benavides, familiar de una de las víctimas de la masacre, lamentó, de acuerdo con una declaración compartida por Cristosal, la suspensión y señaló que ya son “más de 40 años esperando a que se haga justicia en este caso”.
El hecho fue perpetrado en el cantón San Andrés, en una zona rural de San Miguel (este), en contra de un matrimonio y tres jóvenes.
El tribunal que inicialmente conoció el caso lo declaró crimen de lesa humanidad en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
Los acusados y procesados por el hecho son identificados por la Fiscalía como José Inés Benavides Martínez, Luis Alonso Benavides Polio, José de la Cruz Orellana y Ángel Aníbal Alvarado Benítez.
En agosto de 2021, las autoridades detuvieron a Benavides Cruz, a Benavides Polio y a de la Cruz Orellana. Los dos militares retirados de apellido Bevanides enfrentan el proceso penal en libertad condicional.
Mientras, de la Cruz Orellana está detenido y se desconoce el paradero de Alvarado Benítez.
Los escuadrones de la muerte fueron grupos paramilitares de extrema derecha que ejecutaron acciones en contra de opositores políticos, críticos de los Gobiernos de turno o sospechosos de ser guerrilleros.
La guerra civil acabó con unas 75 mil personas fallecidas, unos 8 mil desaparecidos y cientos de masacres. Tras una amnistía declarada en 1993, pasó más de dos décadas sin que los crímenes de guerra se pudieran juzgar.
