Pero Trump de inmediato desafió esa advertencia al publicar una serie de mensajes en el sitio web de su red social, Truth Social, que en gran medida amplificaban las críticas de otros contra la jueza, Tanya Chutkan.
En una publicación, escrita por un aliado de Trump, el abogado Mike Davis, aparecía una fotografía grande de Chutkan acompañada de un texto que aseveraba falsamente que la jueza “admitió en público que está interfiriendo con la campaña electoral de Trump”. En otras dos publicaciones, Trump escribió: “Es obvio que me quiere ver tras las rejas. MUY TENDENCIOSA E INJUSTA”.
Tras ocho años de contradecir a varias instituciones en Estados Unidos, ahora Trump está poniendo a prueba los límites de lo que el sistema de justicia penal está dispuesto a tolerar y las restricciones que Chutkan buscó establecer en torno a lo que él puede —y no puede— decir sobre el caso de interferencia electoral que ella está supervisando.
El exmandatario también ha emprendido una campaña desafiante contra otros implicados en los casos penales en su contra, pues tildó de “trastornado” a Jack Smith, el fiscal especial que presentó dos acusaciones federales en su contra; tachó de “corrupta” a Fani Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia; e incluso atacó a algunos de los testigos.
Algunos abogados comentaron que, si Trump fuera un ciudadano ordinario y perpetrara estas ofensas, ya estaría en la cárcel. La pregunta es si Trump enfrentará las consecuencias por este tipo de comportamiento antes de un juicio.
“En mi opinión, no cabe duda de que está poniendo a prueba a la jueza y los límites que definió, es casi como si quisiera retarla y provocarla”, indicó Karen Agnifilo, que tiene una trayectoria jurídica de treinta años, la cual incluye el periodo en que fue asistente principal en la fiscalía de distrito de Manhattan. Agnifilo agregó que, hasta el momento, Trump se está beneficiando de su estatus como candidato a la presidencia, por lo que enfrenta menos repercusiones de los jueces al frente de los casos de las que enfrentarían otros acusados así de expresivos.
Hasta ahora, Chutkan solo se ha limitado a advertirle a Trump que no haga “declaraciones incendiarias” sobre el caso o las personas implicadas en él, y afirmó que haría lo necesario para impedir que el expresidente intimidara a los testigos o mancillara a posibles miembros del jurado.
También les ha dicho a los abogados de Trump que quizá se vea obligada a aceptar la propuesta del gobierno de iniciar el juicio antes de lo deseado para proteger al grupo de jurados potenciales.
De lo contrario, sus opciones van desde ignorar los comentarios de Trump hasta dictaminar que está violando sus condiciones de liberación. Eso podría conllevar un castigo para Trump, ya sea una multa o incluso el encarcelamiento, una medida que sería complicada, no solo por la política, sino también por la presencia de su destacamento del Servicio Secreto.
Steven Cheung, el director de comunicaciones de Trump, se burló de las insinuaciones de que Trump está poniendo a prueba estos límites.
“‘El presidente Trump tenía razón’ no es solo una consigna, es un hecho”, afirmó. “Desde el expediente falso hasta la investigación desacreditada de Mueller pasando por las noticias falsas sobre Rusia, el engaño del juicio político, la computadora personal de Hunter Biden y los tratos turbios del corrupto Joe Biden en el extranjero, el presidente Trump ha demostrado una y otra vez que es la única persona que antepone la verdad al poder”.
John Lauro, uno de los abogados de Trump en el caso que preside Chutkan, reconoció que era poco probable que lograran cambiar el comportamiento de Trump.
“En lo que respecta al presidente Trump, debido a la campaña y yo diría que, por su personalidad, le resulta imposible no pronunciarse sobre estos asuntos. Así que sí plantea circunstancias únicas”, comentó Lauro hace poco en un pódcast con el abogado David Oscar Markus. “Como jurista, me queda claro que mi estrategia es muy distinta a la suya como candidato. Pero él siente un impulso muy fuerte expresar su opinión con franqueza. Y también considera este proceso judicial en particular como una persecución política. Por lo tanto, creo que en su mente de cierta manera es válido, desde una perspectiva política, hacer este tipo de comentarios”.
Incluso antes de que Smith fuera nombrado fiscal especial, a los funcionarios del Departamento de Justicia les preocupaba que Trump probara los límites del aparato judicial si llegaban a acusarlo. Los fiscales estaban casi seguros de que Trump los castigaría, junto con los testigos y los jueces, para descargar su furia, pero también como parte de una estrategia para arrastrar a sus adversarios a una trifulca sobre lo que él puede o no puede decir y así reforzar su afirmación de que el departamento solo quiere amordazarlo y destruirlo.
Agnifilo señaló el trato más permisivo que recibe Trump y citó a Sam Bankman-Fried, el empresario de las criptomonedas a quien hace poco le revocaron su acuerdo de liberación previa al juicio luego de que un juez dictó que había interferido en la actuación de los testigos mediante la intimidación.
“Está claro que se le está dando un trato distinto a Trump”, sostuvo Agnifilo. “En mis treinta años de carrera, jamás he visto que se trate a un acusado de la manera en que están tratando a Trump”.
No es inusual que se revoquen los acuerdos de libertad bajo fianza de acusados por desobedecer las condiciones de su liberación, ya sea por consumir drogas o cometer otros delitos. Tampoco es raro que los acusados sean encarcelados por intimidar a los testigos de sus casos, como Bankman-Fried.
Sin embargo, sí es poco común que los acusados sean castigados por hacer declaraciones incendiarias sobre los jueces o los fiscales, quizá solo porque se les hacen advertencias antes de imponerles sanciones y ellos suelen tomar en cuenta esas advertencias. En el caso de Trump, él es un acusado que también es un candidato político que enfrenta dos procesos jurídicos en los que está involucrado el gobierno de uno de sus adversarios.
El lunes 14 de agosto, mientras un gran jurado en Georgia se preparaba para acusar a Trump en la investigación estatal sobre su intento por aferrarse al poder, el exmandatario sugirió en Truth Social que el ex teniente gobernador Geoff Duncan “no debería” testificar aunque fue citado para hacerlo.
“Decirle directamente a un testigo citado que no testifique… eso es indebido”, dijo Cobb.
En una audiencia el viernes 11 de agosto, Chutkan sugirió que necesitaría ver una petición, presentada por Smith, antes de tomar alguna medida para que Trump enfrente las consecuencias de sus declaraciones en redes sociales, aunque en teoría podría actuar de manera unilateral. En informes legales previos y declaraciones en la corte, la oficina del fiscal especial dejó claro que está monitoreando de cerca las declaraciones públicas de Trump.
En la audiencia, Lauro expresó su preocupación de que las múltiples restricciones pudieran impedirle de manera injusta a Trump manifestar a plena voz argumentos políticos en el periodo de campaña. Incluso indicó que limitar lo que Trump podía decir sobre el caso podría “darle una ventaja enorme al presidente Biden en medio de una campaña”.
La jueza no se mostró persuadida.
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Samuel W. Buell, profesor de Derecho en la Universidad Duke y fiscal federal principal en el caso del Departamento de Justicia contra Enron, dijo que, aunque los comentarios más recientes de Trump sobre Chutkan —que en general consisten en mensajes de terceros que él compartió— no cruzaran los límites en sí mismos, era evidente que el expresidente estaba forzando esas limitaciones para antagonizar a la jueza.
Trump está “caminando justo en el borde” de modo que “es más difícil para ella, sin dar un solo ejemplo claro que se pueda usar como base para dar un fallo, pero sin dejar de forzar los límites”, concluyó.
