“Lo que haremos será liberar a los agentes fronterizos para que pueden hacer cumplir la ley”, indicó.
La ley estadounidense prohíbe usar a los militares para tareas de seguridad y orden público a nivel nacional, por lo que los miembros de la Guardia Nacional tendrán un papel limitado en la frontera y no podrán dedicarse a detener inmigrantes que lleguen a la zona limítrofe.
La Cancillería mexicana afirmó este miércoles en un comunicado que los militares de la Guardia Nacional “no portarán armas”, aunque Nielsen rechazó confirmar si eso es cierto y aseguró que “continúan las negociaciones” tanto con el Ejecutivo mexicano como con los estados fronterizos.
Nielsen conversó con los gobernadores de los cuatro estados que hacen frontera con México (Texas, Arizona, California y Nuevo México), que tienen responsabilidad sobre la Guardia Nacional.
Los gobernadores republicanos de Texas, Arizona y Nuevo México ya han respaldado a Trump.
El único estado fronterizo que aún no se ha posicionado es California, que por su tamaño y por su claro dominio demócrata se ha erigido en uno de los principales contrapesos a las políticas del presidente, especialmente en materia migratoria.
A través de un comunicado, el portavoz del gobernador demócrata Jerry Brown aseguró que California revisará “rápidamente” la petición del Departamento de Seguridad Nacional.
Según el portavoz de Brown, 250 voluntarios conforman actualmente la Guardia Nacional de California, de los que 55 específicamente sirven de apoyo en la frontera con México.
Texas también tiene ya en la frontera a militares de la Guardia Nacional, pues su anterior gobernador, el republicano Rick Perry, ordenó el despliegue de mil militares en 2014, cuando miles de niños procedentes de Centroamérica ingresaron a EE.UU. a través principalmente del Río Bravo.
El actual gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, mantuvo en la frontera a parte de esos militares de la Guardia Nacional cuando llegó al poder, en enero de 2015.
Ya existe, por tanto, un número de militares de la Guardia Nacional en la frontera con México.
El Gobierno de Estados Unidos expresó su deseo de que el despliegue comenzara “inmediatamente”, pero este miércoles Trump dio 30 días al Pentágono y a los Departamento de Justicia y Seguridad Nacional para que le presenten un informe que detalle el “plan de acción” para militarizar la frontera.
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