“De ninguna manera, no convertirás Australia en tu hogar”, dice un mensaje. Otro reza: “Las fronteras de Australia están cerradas para la migración ilegal”.
Un ejemplo de los efectos despiadados de las políticas antimigratorias de Australia es el caso de una anciana de 93 años que iba a ser deportada a su país, Inglaterra, pero murió antes de que eso pasara.
Mollie Manley, de Somerset, Inglaterra, se mudó a Perth hace 11 años para estar más cerca de sus tres nietos y nueve bisnietos, todos ciudadanos australianos.
A principios de 2019 solicitó una visa de residencia permanente para quedarse en Australia a principios de este año, pero su petición fue rechazada al considerar que sería una carga para el sistema de salud australiano. Así empezó el tortuoso camino rumbo a la deportación hacia Reino Unido.
These flyers depict Australia’s policy on Illegal Immigration. Much can be learned! pic.twitter.com/QgGU0gyjRS
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2019
Cuando Mollie llegó a Australia gozaba de buena salud, pero con el paso de los años su salud se fue deteriorando hasta llegar a un asilo de ancianos, donde permanecía postrada en cama y cerca de perder la vista.
La familia recibió una notificación de que Molli debía abandonar el país voluntariamente en 28 días o enfrentaría la deportación.
El caso se hizo público a través de los medios de comunicación, lo que ayudó para que funcionarios de Migración dieran marcha a su decisión.
Otro caso es el de una familia irlandesa con residencia permanente y que iba a ser deportada porque un hijo sufre fibrosis cística y el Gobierno australiano consideró que su tratamiento supondría también sería una carga para los contribuyentes.
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