El Salvador terminó el 2015 con una tasa de homicidios de 104 por cada 100 mil habitantes; es decir, una de las más altas del mundo, según las Naciones Unidas (ONU).
100 homicidios se cometieron en los últimos cuatro días de febrero
El gobierno del exguerrillero Salvador Sánchez Cerén responsabiliza de los homicidios al fenómeno del pandillerismo que prevalece desde décadas anteriores.
Uno de los hechos graves que señalan analistas locales e internacionales es el asesinato de agentes de la policía cuando gozan de sus licencias o vacaciones. Hasta el momento en lo que va de 2016 han sido asesinados ocho policías.
El año pasado fueron asesinados 60 policías, la mayoría en atentados o emboscadas de pandilleros.
Piden destitución
La oposición salvadoreña pidió el martes la destitución del ministro de Defensa, David Munguia Payes, por las supuestas prebendas que otorgó a pandilleros encarcelados, cuando era titular de Justicia y Seguridad (2011-2013), a cambio de reducir los índices de homicidios en el país.
La petición, que surge de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), también se extendió en contra del actual director de general de Centros Penales, Rodil Hernández, y del Superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo.
La polémica tregua entre pandillas se desarrolló entre el 2012 y 2014 y tuvo el “seguimiento” y “acompañamiento” del Gobierno encabezado por el entonces presidente Mauricio Funes (2009-2014).
Hernández fue nombrado titular de la Dirección General de Centros Penales en junio del 2013 y Perdomo se desempeñó como director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) entre 2009 y 2013, y ministro de Justicia y Seguridad entre 2013 y 2014.
El jefe de la fracción legislativa de Arena, Alberto Romero, pidió al presidente del gobierno salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, que “por decencia debe inmediatamente destituir a estos funcionarios”.
“Quedarse callados indigna; por decencia destituyan a esa gente, ya que los salvadoreños están cansados de la incapacidad de este Gobierno”, señaló Romero, de acuerdo a un comunicado difundido por Arena.
La solicitud surge por la polémica generada por un video difundido en medios locales, en el que se puede observar a tres mujeres bailando desnudas entre decenas de pandilleros, supuestamente en la cárcel de Izalco, 65 kilómetros al oeste de San Salvador.
Inicialmente, se dijo que el audiovisual fue grabado con un teléfono móvil en el año 2013; no obstante, Eugenio Chicas, portavoz del Gobierno, dijo el martes en una entrevista televisiva que las imágenes fueron registradas en el 2012, durante la vigencia de la tregua entre pandillas.
Chicas también desvinculó a la actual administración en una conferencia de prensa, al señalar que “estos son hechos que no están inscritos en el ejercicio de este gobierno”, sino en el del expresidente Funes.
Funes negó a comienzos de febrero, cuando fue citado por la Fiscalía a rendir declaraciones sobre la vinculación de su gobierno con este armisticio entre 2012 y 2014, que haya beneficiado a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios en el país.
“No hubo una negociación entre el Gobierno y las pandillas, el pacto fue entre dos pandillas rivales (Barrio 18 y Mara Salvatrucha); el Gobierno lo único que le dio fue seguimiento” y “acompañamiento”, explicó a la Prensa.
De acuerdo con datos presentados por el ex jefe de Estado, el cese de hostilidades entre las pandillas hizo que el promedio mensual de muertes violentas pasara de unas 340 a 160, y que el registro diario bajara de 15 a 5.
Diferentes sectores han señalado que los beneficios otorgados a los pandilleros reclusos fueron el traslado de líderes de la cárcel de máxima seguridad a una con menor régimen, y el ingreso de televisores, teléfonos y sexoservidoras a los centros penales.
