El director general de la policía, general Jorge Vargas, precisó que los disparos se dieron desde un barrio de esa misma urbe, cercano al aeropuerto de donde despegó la aeronave presidencial.
“Se desplegó un equipo de búsqueda sobre ese sector y fueron encontrados dos fusiles”: un AK-47 cuyo número de registro está siendo investigado y otro calibre 7,52 “con marca de las fuerzas armadas de Venezuela”, así como 20 vainillas percutidas, agregó.
Duque viajaba junto a sus ministros de Defensa y de Interior así como con el gobernador de Norte de Santander a bordo del helicóptero que salió de Sardinata con rumbo a Cúcuta.
Imágenes divulgadas por la presidencia muestran varios impactos de bala en la cola y la hélice principal. Ninguno de los ocupantes sufrió heridas.
El ataque fue condenado por la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina.
El mandatario asistió durante la tarde a un evento en la región del Catatumbo, una de las zonas con más narcocultivos del país, principal exportador de cocaína del mundo.
Disidentes de las FARC, militantes del ELN y otros grupos armados se disputan las rentas del narcotráfico en esta zona bajo fuego, aprovechando la porosa frontera de 2 mil 200 kilómetros entre Colombia y Venezuela.
Hace 11 días, un carro bomba estalló dentro de una instalación militar de Cúcuta, dejando 36 heridos. En la base se encontraban soldados estadounidenses que asesoran la lucha contra el narcotráfico.
El gobierno responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida en el país, pero señaló que detrás del ataque también pueden estar disidencias que se marginaron del pacto de paz firmado en 2016 con las FARC.
Duque ha acusado en reiteradas ocasiones al presidente Nicolás Maduro de refugiar en territorio venezolano a disidentes y tropas del ELN, guerrilla que el jueves anunció un relevo en su comandancia.
Bogotá y Caracas rompieron relaciones poco después de la llegada de Duque al poder en agosto de 2018.
El país atraviesa el peor rebrote de violencia desde la firma de la paz, con numerosas masacres que el gobierno atribuye a los grupos que se financian del narcotráfico.
