Según la policía, los dos chicos planearon realizar un ataque en el aniversario del tiroteo de 1999 en el bachillerato Columbine High School, para el que investigaron cómo hacer dispositivos explosivos y crearon una lista de estudiantes a los que querían matar. En un inicio, habían planeado que su ataque ocurriera en 2022, en la primavera de su último año, pero se les frustraron los planes y los dos chicos, de 13 y 14 años, fueron arrestados.
Luego, cuatro años más tarde, ocurrió lo inimaginable: otro estudiante de la misma clase atacó una escuela primaria con un rifle estilo AR-15 y mató a diecinueve niños y dos maestras en uno de los tiroteos más letales en la historia de Estados Unidos.
Cómo un pueblo de apenas 15.000 personas pudo tener dos conspiraciones de tiroteos masivos en cuatro años —ambas de la clase de 2022 de Uvalde High School— es un asunto que a muchas personas les está costando comprender en este lugar ahora que el dolor abrumador de 21 funerales comienza a dar paso a una búsqueda para determinar qué pudo haber salido tan mal.
“Sí crea una sensación de inseguridad, una preocupación por la seguridad”, comentó Alejandra Castro, quien encabeza una división de la Asociación de Servicios Familiares que ofrece ayuda para la salud mental de las familias de Uvalde. Castro mencionó que, en 2018, un estudiante había compartido una inquietud que parecía agobiar a muchos alumnos que cursaban el bachillerato: “¿Y si alguien lleva a cabo lo que otra persona comenzó?”.
Ariana Diaz, una estudiante de último año de bachillerato, señaló que ahora planea hablar con un terapeuta sobre el miedo inquietante que lleva consigo desde octavo grado y cómo pensar en relación a lo que ocurrió en el pueblo donde creció.
Varios alumnos de la escuela mencionaron que nunca supieron qué había pasado con los dos chicos que fueron arrestados después de la conspiración de octavo grado; dijeron que los chicos desaparecieron de la escuela y, como no los trataron como adultos, el resultado de los cargos en su contra nunca se divulgó al público.
“Éramos demasiado jóvenes —tan solo estábamos en octavo grado— como para recibir una amenaza así”, opinó Diaz.
Muchas familias de Uvalde no han sabido a quién recurrir en un pueblo que para algunos está mal preparado para responder frente a problemas graves de salud mental incluso en tiempos normales, mucho menos después de una tragedia masiva.
“Le he dicho a la gente que a veces no hay palabras”, comentó Melissa Cabralez, una de varias terapeutas en el pueblo que está interviniendo para ayudar a las personas que han quedado traumatizadas por el tiroteo. “Hacemos lo posible, pero son 21 familias, sus parientes y todo el campus de una escuela de niños los que tienen miedo”.
Inmediatamente después del tiroteo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, minimizó el asunto del control de las armas y enfatizó la necesidad de intervenir antes de que la gente se volviera violenta. “Nosotros, como gobernación, como una sociedad, necesitamos hacer un mejor trabajo de atención a la salud mental”.
Los oficiales de la policía dijeron que la persona armada, Salvador Ramos, de 18 años, quien fue asesinado por un equipo táctico de seguridad pública, nunca había sido diagnosticado con una enfermedad mental ni tampoco había sido arrestado en relación con un crimen.
No obstante, es cada vez más claro que dejó bastantes advertencias.
Está el video de él en el asiento del copiloto en un auto mientras sostenía una bolsa que parecía tener un animal ensangrentado. Está la pelea con otro estudiante en un baño del bachillerato, captada en cámara, y las discusiones volátiles con su madre que un amigo escuchó cuando jugaban juntos videojuegos en línea. Está el nombre que usaba en el videojuego Fortnite: “Sal k1ll em all” (Sal, mátalos a todos).
También están los pensamientos violentos que compartió con las chicas de todo el mundo que conoció en línea. A veces los comentarios iban dirigidos directamente a las chicas —a una en Alemania le dijo “te daré una bofetada” si estuviera con ella— y a veces los comentarios se referían a una exnovia que, según dijo en un mensaje de Instagram, “me tenía terror”,.
“Me gusta lastimar a los demás”, le escribió el verano pasado a una chica en San José, California, quien ahora tiene 16 años y pidió que no se usara su nombre. Ramos le dijo que ver una fotografía de su exnovia lo había hecho “sentir violento”. Dos meses más tarde, le escribió a la misma chica que prefería ver a su exnovia “en un hospital con el cuello roto” que verla feliz sin él.
El hecho de que Ramos pudiera comprar legalmente dos rifles estilo AR-15 poco después de su décimo octavo cumpleaños, junto con cientos de rondas de municiones, ha generado cuestionamientos entre algunas personas familiarizadas con Ramos y sus publicaciones de internet.
Cuando publicó una fotografía de dos rifles negros en su historia de Instagram dos días antes del tiroteo, un alumno de primer año de bachillerato le envió la fotografía a un primo mayor y le dijo “¿Quién lo dejó?” antes de confiarle que ahora le daba “miedo ir a la escuela”.
Cynthia Herrera y Jose Manuel Flores Sr., cuyo hijo de 10 años, Jose Flores Jr., fue asesinado en su salón de clase, mencionaron que no comprenden cómo los parientes y los amigos del tirador al parecer habían ignorado las señales de advertencia, en particular cuando Ramos publicó fotografías de sus armas de fuego en redes sociales los días previos al ataque.
“No hay pretextos ni nada de: ‘Ay, no pensé que fuera algo malo’”, comentó Herrera. “Cualquier cosa por el estilo, es mejor denunciarla”.
“Se hicieron muchas cosas mal en todas partes”, opinó Flores. “Esto se pudo evitar”.
Cabralez, quien trabaja principalmente con niños, mencionó que las familias de Uvalde estaban combatiendo la ansiedad y la depresión incluso antes del tiroteo, pues el covid-19 enfermó a sus habitantes, desestabilizó las escuelas y provocó una reacción en cadena de infortunios económicos.
En años recientes, la región ha debatido sobre la creación de una gran clínica para la salud mental con financiamiento del estado de Texas, en su mayor parte para atenuar la necesidad de que los ayudantes del alguacil lleven a gente que está sufriendo de una crisis de salud mental hasta Kerrville, a unos 150 kilómetros de distancia. Sin embargo, autoridades locales actuales y pasadas mencionaron que los planes para la clínica no implicaban que la comunidad enfrentara una amenaza crítica de salud mental.
“¿Hubo una petición considerable para tenerla antes de que esto pasara? No. ¿Hubo una inmensa crisis de salud mental en Uvalde antes de que esto pasara? Yo diría que no”, comentó Rogelio M. Muñoz, un abogado que brindó sus servicios en la municipalidad de Uvalde hasta el mes pasado.
Muñoz dijo que el debate sobre la salud mental en la comunidad era importante, pero que en esencia era un asunto distinto del ataque de un hombre armado en contra una escuela.
“El único hecho innegable es que, de no haber podido comprar el arma, esto no habría ocurrido”, opinó.
