Un total de 15 mil 809 personas murieron de forma violenta el año pasado en la zona, según informes proporcionados por oficinas forenses y las policías.
En Guatemala se registraron cinco mil 459 homicidios, equivalente a 34.1 por cada 100 mil habitantes; El Salvador reportó cinco mil 278 (81.2/100.00) y Honduras cinco mil 72 (58.2/100.000).
El promedio de los tres países es de 50.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, menor al 57.1 del 2015 pero ocho veces la media mundial de 6.7 por cada 100 mil establecido por la Organización Mundial de la Salud.
“La situación sigue difícil, los homicidios a pesar que han bajado siguen marcando dolor y sufrimiento en muchas familias del Triángulo Norte”, comentó el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro.
Montenegro concluye que “la represión de los Estados no ha dado resultados ante la violencia”, a pesar de los esfuerzos realizados por la policía, que en los tres países fue reforzada por los ejércitos.
Ante ese eventual fracaso de la seguridad militarizada, el gobierno de Guatemala puso en marcha en el inicio de este año un plan progresivo para retirar a cuatro mil 200 efectivos del ejército que participaban en tareas de apoyo al cuerpo de policía, integrado por 30 mil efectivos.
“La violencia no se va a cortar de la noche a la mañana, para formarse necesitó de varias décadas por las condiciones sociales y económicas. Entonces para revertirla requerirá de muchos años”, resumió el excomandante guerrillero y analista independiente Juan Ramón Medrano.
Pandillas sin control
Las autoridades atribuyen buena parte de los homicidios a las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18, que mantienen en barrios pobres de la región un constante reclutamiento de jóvenes, a quienes atraen con el reparto de los recursos que generan las extorsiones que realizan.
“No hay soluciones a los problemas de las pandillas, los jóvenes buscan una familia, un ingreso en la mara (pandilla), ingresan a una familia artificial, no hay programas de rehabilitación”, explicó el sociólogo hondureño Ricardo Puerta.
Más allá de la violencia homicida, en el Triángulo Norte las pandillas provocan el constante desplazamiento de familias que son amenazadas por negarse a colaborar con su actividad delictiva.
En Honduras, según la policía y organismos internacionales, existen entre 25 mil y 36 mil pandilleros; en El Salvador, 70 mil; y en Guatemala, alrededor de 10 mil.
“El tema de las pandillas parece que en Honduras y Guatemala está más controlado, en el caso de El Salvador la expansión del dominio territorial de las maras es rápida y amplia”, comenta el profesor universitario e investigador Carlos Carcach.
Ante el peligro de que las pandillas se conviertan en una agrupación trasnacional, las fiscalías sellaron en agosto una estrategia común, mientras que las policías y ejércitos de los tres países crearon una fuerza trinacional.
Estados Unidos comenzará este año a liberar por tramos un presupuesto de US$750 millones de dólares prometidos en el marco de la iniciativa Alianza para la Prosperidad, que busca disuadir la migración ilegal, parte de los cuales se destinará a labores de seguridad.
Debilidad institucional
Para los analistas y organismos que estudian el fenómeno de la violencia, remontar la criminalidad homicida pasa por superar los déficits de los Estados.
“La fragilidad y la debilidad de los sistemas democráticos nacionales no permite que se tengan Estados fuertes con la capacidad de presentar una lucha contra estos problemas que ocasiona la violencia”, reflexionó el salvadoreño Carlos Carcach.
El rezago en institucionalidad, según Carcach, viene desde el fin de las guerras civiles en Guatemala y El Salvador, porque “quedaron abiertas muchas venas de impunidad” al no perseguir judicialmente los crímenes cometidos por exmilitares y exguerrilleros desmovilizados.
Otro elemento que advierte el investigador que todavía genera violencia es la falta de control en la región del tráfico ilegal de armas, dispersas al finalizar las guerras.
