“Desde que vino, esta persona nos denigra, nos insulta, nos trata como si fuéramos militares, nos pone a marchar y hacer sentadillas, y también entra en las cuadras y registra nuestras pertenencias, sin que exista una requisa acompañada por personal del Ministerio Público (MP) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) como lo establece la Ley”, dijo uno de los presos.
Los internos quebraron bancas de concreto, una pila, una cisterna y las tazas de los inodoros para lanzar los padazos a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), los Bomberos Voluntarios, periodistas y personal de la PDH que se acercaban a dialogar.
Además, los pedazos de material que lanzaban a través de las rejas dañaron locales comerciales, vehículos particulares y un autopatrulla.
Los inconformes también incendiaron cubetas de plástico, trozos de madera, colchonetas, basura y ropa vieja, para hacer una fogata a fin de impedir el ingreso por la única puerta hacia el área común de la cárcel, en donde hay tres cuadras con 300 hombres que se encuentran hacinados.
Después de las 11 horas, una comisión integrada por el gobernador Jaime Estrada, el subjefe de la Comisaría 21, Juan Alfaro, y el delegado de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Maximiliano López, ingresó para negociar con los reos.
El recluso Edwin Ramos, representante de los amotinados, dijo que las peticiones son el inmediato traslado del subinspector Batz Barrios; que no le echen mucho yodo a la comida, porque los enferma del estómago; que les brinden atención médica en la cárcel y que retiren la basura, porque están durmiendo entre desechos, con bichos y ratas.
La comisión negociadora accedió a trasladar al subinspector Batz Barrios, mejorar la calidad alimenticia, cambiar el personal que registra a los visitantes, retirar la basura y fumigar, así como a enviar un médico y una enfermera dos veces por semana para atenderlos.
