El prelado remarcó que el sacerdote deberá enfrentar un juicio a cargo de las autoridades eclesiásticas, después de haber cumplido con la sentencia impuesta por los tribunales penales.
“Para nosotros es algo muy grave el asesinato de un obispo, así que tiene que ser juzgado, aunque la ley civil ya lo haya redimido y sacado de la cárcel, eso no significa que él esté limpio de toda mancha, tiene todavía que enfrentar este tribunal eclesiástico”, afirmó Vian.
La sentencia más fuerte que enfrentaría Orantes, de ser encontrado culpable por esta instancia, es la expulsión del ejercicio del sacerdocio.
Aun si se retirara a Orantes de la práctica del sacerdocio, todos los sacramentos ejercidos por él —bautizos, confirmaciones y bodas, incluso algunos de ellos en prisión—, seguirían siendo válidos, aseguró el arzobispo.
“Él —Orantes— sigue siendo sacerdote siempre, pero el ejercicio del sacerdocio es el que se le puede llegar a prohibir”, manifestó Vian.
El tribunal
El Tribunal Eclesiástico está integrado por 12 sacerdotes y está autorizado para juzgar los casos dentro de sus diócesis, aunque en el caso de la metropolitana está facultado para juzgar fuera de su jurisdicción, a petición.
Además de los siete jueces y cinco defensores del vínculo que lo forman, también participa en el debate un vicario judicial.
“Es como un tribunal civil: hay jueces, quien acusa, quien defiende y hay también testigos”, detalló Vian.
“Un caso tan grande como este no lo hay. Se han llevado casos pequeños en los cuales el tribunal también da sus sentencias, trabaja sobre todo cuando hay la anulación de matrimonios”, expresó el arzobispo.
Los sacerdotes decidirán la sentencia del caso con base en el derecho canónico. Orantes tendrá derecho a un defensor y a presentar pruebas de descargo y testigos.
