DESCARGA – Paso a paso para reclamar el reembolso
Para iniciar la gestión no se necesita presentar el medicamento, solo la factura, explicó Silvia Escobar, jefa de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).
Las cuatro cadenas de farmacias fueron multadas con Q182 mil 427.40 cada una, por ofrecer hasta 35 por ciento de descuento en medicinas, el cual resultó falso, según investigó la Diaco.
Escobar expresó que las Farmacias Batres también podrían ser sancionadas porque ofrecen los mismos precios que las cuatro multadas, aunque aún se analizan algunos documentos.
Delito penal
Según José Cabrera, expresidente del Colegio de Abogados, además de las multas, las cadenas deben ser denunciadas en el Ministerio Público (MP), ya que “están incurriendo en el delito de estafa, porque están engañando a la gente con un descuento que no es real. Por este delito hay penas de dos a seis años —de cárcel— aproximadamente. La Diaco debiera ir al MP a denunciar”.
Además de la gestión de reintegro por medio de la Diaco, Cabrera indicó que la población puede pedir la devolución de su dinero a través del MP, al presentar una denuncia por estafa en la Oficina de Atención Permanente.
Escobar indicó que primero agotarán la vía administrativa y que las cadenas tienen 48 horas para retirar la publicidad y 10 días para pagar la multa.
“De no retirar la publicidad engañosa acudiremos a un juzgado, para que se pague e incluso se cierre el negocio, y deducir todas las responsabilidades, como el presunto delito de estafa y especulación”, expuso.
Prensa Libre consultó a las cuatro cadenas multadas y a Farmacias Batres para obtener su versión de la situación. Personal de la Galeno indicó que emitirán un comunicado de prensa; Zuiva prometió devolver la llamada, lo cual no hizo. En Cruz Verde no había quién atendiera porque recibieron visita del extranjero, y Carolina & H pidió que se le enviara un correo electrónico. En Farmacias Batres señalaron que no se pronunciarían al respecto.
Cuestionan compra
Ayer, durante una citación de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) a representantes del Ministerio de Salud, la Diaco, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos, se cuestionó que el contrato abierto de medicamentos que se gestiona tiene como referencia los precios de las farmacias, por lo que este tendría costos elevados.
Según Manuel Galván, viceministro técnico de Salud, no existe peligro de pagar más por las medicinas del contrato abierto porque participan varias empresas con diferentes precios.
Galván también señaló que iniciarán un proceso de revisión jurídica, por la situación de la droguería J.I Cohen, debido a que es proveedora del Estado y fue denunciada en el MP por presunta especulación.
Rodolfo Lambour, representante de la Federación, explicó que los agremiados —16 empresas— tienen su propia política de comercialización, por lo que no sabe si se dan casos de exclusividad en la venta.
Sin embargo, luego reconoció que “hay un par de empresas que practicaron la exclusividad en el pasado”.
Carlos Barreda, diputado de la UNE, solicitó al viceministro de Salud que se evalúe si el presidente Otto Pérez Molina puede intervenir los precios de los medicamentos.
Comisión multisectorial
Manuel Galván, viceministro técnico de Salud, afirmó que analizan la creación de un grupo multisectorial para mantener el monitoreo de los precios de los medicamentos en el país.
Galván aseguró que también buscan comprar productos para tratar enfermedades crónicas y que se puedan vender en farmacias del Programa de Accesibilidad de Medicamentos que se ubican en distintos hospitales y municipalidades.
Comisión se desintegró
Zulma Calderón, jefa de Supervisión Hospitalaria de la PDH, dijo que, según investigaciones, en 1997 existía una comisión de regulación de precios de medicamentos, formada por los ministerios de Salud y Economía, pero se disolvió sin razón aparente. A partir de esa fecha ya no se regularon los precios de la medicina, expuso.
Esta comisión estaba ligada al Decreto Ley 1-85 de protección al consumidor, que establecía precios tope para los medicamentos.
No controla los precios
Rodolfo Lambour, director ejecutivo de Fedefarma, refirió que la gremial no puede tener control sobre las políticas de comercialización de las empresas asociadas.
Indicó que los 16 laboratorios de esa federación están sujetos a leyes antimonopolio que prohíben ponerse de acuerdo sobre los precios.
Lambour explicó que si alguna de las agremiadas realiza actos que contravienen las normas de esa asociación podría ser sancionada.
