“Anule todo lo actuado en la fase del debate a partir del 19 de abril de 2013; quedando anulado todo lo actuado en ese proceso con posterioridad a esa fecha, por ser ésta en la que fue notificado el Tribunal Primero de Mayor Riesgo A”, dice la resolución de la Corte.
El máximo tribunal declaró con lugar el ocurso en queja presentado por Ríos Montt, y como consecuencia de ello se ordena y se fija un plazo de 24 horas a la Sala Tercera Penal para que emita una nueva resolución y que deje sin efecto la emitida el 9 de mayo último.
Para que de esta forma se le dé cumplimiento al amparo provisional otorgado por esa sala al abogado Francisco García Gudiel, defensor de Ríos Montt, el 18 de abril pasado y que fue confirmado por la CC el 3 de mayo último.
En la resolución del 9 de mayo, la Sala concluyó que “la autoridad impugnada —Tribunal Primero de Mayor Riesgo A— sí cumplió con lo ordenado por esta Sala en dar trámite a la recusación y solicitud de excusa presentada por García Gudiel —contra Yassmin Barrios y Pablo Xitumul, presidenta y vocal del Tribunal—”.
VIDEO – La condena contra Ríos Montt
Tribunal incumplió
De acuerdo con lo informado por Martín Guzmán, secretario general de la CC, lo que origina que se haya procedido a anular la sentencia contra Ríos Montt es que el Tribunal incumplió una resolución del máximo tribunal de suspender el debate y tramitar la recusación.
El secretario general de la CC añadió que serán los mismos jueces los que deben darle cumplimiento a la recusación ordenada por la Corte. Después los referidos juzgadores deben darle continuidad al proceso a partir de ese momento.
Aclaró que la CC avala todo lo que se llevó a cabo antes del 19 de abril pasado.
Guzmán señaló que el punto más difícil para los magistrados fue la constatación de los hechos durante el debate y para ello se tuvo que solicitar los audios al Tribunal y se observaron videos para poder determinar el actuar de los juzgadores.
Cabe mencionar que los magistrados de la CC Gloria Porras y Mauro Chacón razonaron su voto disidente.
Porras señala que no es procedente anular las actuaciones por medio del ocurso, pues para ello existe la vía ordinaria.
“Estimo que este Tribunal se excedió al anular las actuaciones dentro del proceso… pues si las partes consideran que en la tramitación del proceso existieron vicios de procedimiento, tienen a su alcance los recursos ordinarios”, afirmó la magistrada.
Chacón señala que “el acto reclamado por el postulante no conlleva agravio alguno susceptible de ser reparado en sede constitucional, pues el abogado —García Gudiel— conocía de antemano la integración del Tribunal”.
SENTENCIA – Extractos de la resolución del Tribunal que condenó a Ríos Montt
Otra instancia
García Gudiel expresó anoche que con el fallo de la Corte el proceso sufre consecuencias que van más allá del 19 de abril.
“El Tribunal ya externó opinión y la Ley del Organismo Judicial establece que cuando un juez ya emitió opinión, no puede seguir conociendo. Por lo tanto, el Tribunal en pleno se debe excusar y se deben nombrar nuevos jueces y estos lo tienen que reiniciar”, afirmó.
También se conocieron dos solicitudes presentadas por Moisés Galindo, una de ellas para que se destituya al Tribunal por no dar cumplimiento a un amparo provisional.
En ambos casos, la CC no los conoció sino que los remitió a la Corte Suprema de Justicia para que un juzgado ordinario pueda tramitarlos.
Señala a jueces
Francisco García Gudiel, defensor de Efraín Ríos Montt, indicó que el Tribunal se descalifica por haber emitido opinión.
“Al haber emitido sentencia ya externaron opinión y solitos ellos se descalifican”, dijo el defensor de Ríos Montt.
Tribunal desobedeció
El Tribunal “desobedeció a la CC y por ello había que hacer respetar su fallo —de la Corte— y anular las actuaciones, porque la recusación se presentó el primer día del debate”, indicó el magistrado Roberto Molina, ponente de la resolución.
Entorpecer debate
Mauro Chacón, magistrado de la CC, refirió en su voto disidente que el defensor de Ríos Montt, Francisco García Gudiel, sabía quiénes integraban el Tribunal y por ello no hay “agravio”. “…y tuvo como objetivo entorpecer el juicio”, dijo.
Querellantes: Ya había una sentencia emitida
Héctor Reyes, abogado querellante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), dijo que estudiarán el fallo de la Corte de Constitucionalidad. “Nosotros no vemos justo el fallo, porque el debate ya se había terminado, ya hay una sentencia y a nosotros nos están corriendo los 10 días que nos da el Código Procesal Penal para presentar apelaciones especiales, si las hubiese”, dijo Reyes. El abogado agregó que la resolución será estudiada para saber qué fue lo que resolvieron en ese momento y tener una apreciación oportuna.
Odhag: Es una bofetada a las víctimas
Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), dijo que la resolución de la Corte de Constitucionalidad es atroz para la justicia de Guatemala. “Ese tipo de decisiones nos hace ver como un país atrasado, nos genera una imagen negativa. Es una bofetada para las víctimas, es una bofetada para la justicia”, expresó Rodenas.
“Con el testimonio de las víctimas se comprueba fehacientemente que en nuestro país hubo atrocidades y actos que ofenden a la humanidad”, agregó.
Cacif: Fortalece el debido proceso
El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Santiago Molina al referirse al fallo de la Corte de Constitucionalidad indicó: “Nosotros consideramos que la resolución contribuye a fortalecer el debido proceso. Esa es una buena noticia para el país y enmienda las diversas anomalías que se habían evidenciado durante el juicio”.
“Qué bueno por el país, se está respetando el debido proceso, es un tema que por la vía jurídica se está resolviendo y hay que llamar a la calma”, dijo Molina.
Fundación: La justicia está parcializada
El director de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, dijo sentirse triste por la resolución de la Corte de Constitucionalidad. “La veo con tristeza, porque pude comprobar que está contaminada la cadena de justicia de forma ideológica. Ya habíamos dicho antes que este es un juicio político, y no jurídico”, dijo Méndez Ruiz.
“Tenemos la esperanza de que en esta oportunidad ellos sean sometidos a un juicio justo, a un juicio jurídico”, enfatizó.
ARGUMENTOS – Efraín Ríos Montt se declaró inocente
Lo que se conoció en el debate
Testigos, peritos y documentos militares fueron las evidencias evaluadas.
El Tribunal escuchó la declaración de 98 testigos propuestos por el Ministerio Público.
Un grupo de más de 50 peritos fue indagado en el Tribunal de Mayor Riesgo, incluidos militares propuestos por la defensa de los generales retirados.
La Fiscalía entregó a los jueces 606 certificaciones de defunción de las víctimas de 17 masacres en el área ixil, Quiché.
Fueron analizados peritajes sobre el hallazgo de 420 osamentas, cuyas identidades se han establecido.
Los planes militares Victoria 82, Firmeza 83 y Sofía integran las pruebas con que el MP acusa a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.
Informes sobre la cadena de mando, elaborados por oficiales castrenses del país y uno peruano, forman la evidencia examinada.
Agitado proceso
El juicio contra Efraín Ríos Montt ha sido uno de los más agitados para el sistema de justicia, por la cantidad de acciones legales.
19-3-2013 – Comienza el debate
El juicio por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad comienza, después de una serie de recursos legales.
18-4-2013 – Juzgado anula juicio
El Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, que preside Carol Patricia Flores, anula el juicio, señalando errores en el proceso.
8-5-2013 – Se reanuda el debate
El Tribunal Primero de Mayor Riesgo reinicia el juicio y ordena a las partes presentar las conclusiones.
10-5-2013 – Tribunal emite fallo
Ríos Montt es condenado a 80 años de prisión por genocidio, y Mauricio Rodríguez es absuelto.
20-5-2013 – Anulan veredicto
La Corte de Constitucionalidad anula la sentencia y ordena a sala emitir nueva resolución.
Familiares: Guatemala no avanza
Miguel Ángel Alvarado, uno de los familiares de las víctimas de desaparición forzada documentadas en el Diario Militar, considera que el veredicto del juicio por genocidio es una presión más para que avancen los casos relacionados con el conflicto armado.
“En un momento dado el Estado tiene que entender que si no se logra terminar estos procesos, Guatemala no avanza. No celebramos el fallo, pero encontramos paz porque es una luz al final del túnel”, explicó, al final de la conferencia de prensa en que exigieron el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de hace cinco meses, en la que se responsabiliza al Estado de la desaparición forzada de 183 personas.
