El lunes se cumplieron 14 años del Jueves Negro y ayer, del Viernes de Luto. Como en nuestro país la amnesia es peste, es bueno recordar lo que ocurrió en 2003.

Gobernaba el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el presidente era Alfonso Portillo, el Congreso había sido presidido por Efraín Ríos Montt. Alfonso Portillo había llevado una agenda “progresista” en algunos puntos, como por ejemplo en lo que respecta a la liberación de importaciones de ciertos productos, la promoción de las leyes de descentralización y la reforma monetaria y bancaria. Gente identificada con la izquierda y la derecha —no tradicional— hacía gobierno. Portillo había arrasado en su elección, gozó de mayoría parlamentaria y base edil, y las acusaciones de corrupción eran muchas.

Como acá los partidos son caudillistas y coyunturales, el FRG, a pesar de haber hecho gobierno y gozado de un apoyo electoral envidiable, solo podía promover como candidato a su fundador, Efraín Ríos Montt, quien años antes había recibido un veto para postularse por la Corte de Constitucionalidad.

La Corte de Constitucionalidad resolvió que el general Ríos Montt no podía optar al cargo de Presidente de la República porque el artículo 186 inciso (a) de la Constitución dice: “No podrán optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República: el caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de Gobierno”, y ante una prohibición clara y expresa, nada podía hacerse.

Ríos Montt quería ser candidato, pero su inscripción había sido rechazada por el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos, la Dirección del Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Así que ese jueves 24 de julio, grupos de “sombrerudos”, algunos con perrajes, otros con pasamontañas —se supo que diputados se pusieron la máscara— se concentraron en El Obelisco para protestar por la eventual denegatoria de inscripción por la última instancia: la Corte de Constitucionalidad.

Los grupos protestaron en cinco puntos, pero sobre todo en la 5ª avenida y 15 calle de la zona 10, donde sembraron terror y sí hubo —lo pudimos constatar con amigos que trabajábamos en temas electorales— balazos contra algunas oficinas. El ambiente era cargado. Si ahora nos quejamos por los bloqueos, lo de aquel momento no tiene parangón: llantas quemadas, violencia manifiesta, consignas contra la prensa y amenazas de agresión. El Reportero X, Héctor Fernando Ramírez, fue perseguido junto con otros colegas hasta que su carrera le provocó un paro cardíaco y la muerte. Sus últimas palabras: “Muchá, hay que tener cuidado porque esta gente está armada”. La Policía había recibido órdenes de no salir a la calle. Así de grotesco el panorama.

El FRG había tenido mucho poder y había logrado integrar la Corte de Constitucionalidad con algunos de sus peones. En ese contexto el máximo Tribunal dictó la más vergonzosa de sus sentencias y dio luz verde a la candidatura ilegítima. Cipriano Soto, Guillermo Ruiz Wong, Manuel Flores y Francisco Palomo impusieron el abuso y la afrenta. Carlos Enrique Reinoso Gil, Juan Francisco Flores Juárez y Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano se vieron en minoría, pero salvaron su nombre de la más grande vergüenza de nuestro Tribunal Constitucional.

Hace 14 años se produjo una maniobra asquerosa en contra del sistema de justicia y del orden constitucional. Debemos saber qué papel jugó cada quien para construir un mejor sistema y ese pasado quede como parte de los libros de historia para nunca olvidarlo.