El año 2017 reveló el agravamiento de dos instancias de suma importancia: la economía nacional está enfrentando un grave estancamiento tanto en producción como en la generación de empleo. Por otra parte, la institucionalidad del país continuó degradándose vertiginosamente. En lo referente a la economía, tanto las pymes como las grandes empresas experimentaron tres fenómenos que por su continuidad y similitud revelan una cada vez más preocupante situación: 1. Caída en la facturación (menos ventas). 2. Ausencia de liquidez (Cash Flow). 3. Constante reducción de gastos operativos. Nuestro modelo no puede seguir dependiendo de la agroexportación, el turismo no se perfila como una actividad de alta incidencia a corto plazo, mientras los ingresos por remesas podrían verse afectados a partir de la política migratoria y financiera que implementa el Gobierno de EE. UU. Decenas de miles de jóvenes se suman a la PEA cada año sin lograr conseguir un puesto laboral digno y estable. Nuestro modelo perdió potencia y se retrasó en competitividad. Un integrante del Cacif me comentó que, según sus apreciaciones, entre un 15 y un 20 por ciento de las pymes dejarán de operar en el  2018.

La institucionalidad del país revela también un proceso regresivo que implicará insospechadas consecuencias a muy corto plazo. El Organismo Judicial continúa estancado en el burocratismo, la ineficiencia y la preservación de estructuras cooptadas por la corrupción y la impunidad. Si a esto —como sistema de justicia— se le anexa el pésimo estado de las cárceles, se llega a la conclusión de que, en efecto, como lo expresó el comisionado Iván Velásquez, pareciera ser que el sistema de justicia se construyó con el objetivo perverso de que nunca funcionase, además de su confirmación respecto de que en nuestro país la impunidad en todo tipo de delito (desde un hurto hasta un homicidio) alcanza el 97%. Y un país que no posea como columna vertebral un verdadero estado de Derecho está condenado a la anarquía, la crisis y la conflictividad.

El Organismo Legislativo reveló que su accionar está descaradamente orientado a dos objetivos básicos: la discusión del presupuesto del Estado y su distribución en la obra geográfica nacional (repartimiento de capital público para favorecer a quienes financiaron a la mayoría de diputados) y a la elección de su junta directiva, dada la importancia política de la misma en los asuntos del Estado. El Organismo Ejecutivo cumple dos años de total inoperancia, revelando la ausencia de una agenda de Estado y, consecuentemente, su incapacidad para implementar todo tipo de política pública.

Lo anteriormente citado y sumado revela un perfil de país que augura más pobreza, más delincuencia y más conflictividad. Para enfrentar esa situación e intentar reducir sus efectos negativos se hace necesaria una mejor direccionalidad política nacional. Lamentablemente nada apunta a que un cambio radical esté por surgir. La permanencia de un gobierno anodino, difuso e irresponsable como el actual, lejos de frenar la crisis la viabilizará, producto de su probada incapacidad. Los grandes capitales están inquietos, las mayorías sufren el embate de una crisis socioeconómica sin precedentes, mientras la clase media prácticamente ha dejado de existir. No tenemos otra alternativa que trabajar rápida y arduamente en una nueva opción política, direccionada por un nuevo liderazgo capaz y responsable. Unida esta a una ciudadanía más participativa y mucho más exigente. Objetivo complejo y desafiante pero que se perfila ya como el último recurso, para salvar a Guatemala del colapso que parece por ahora inevitable.

manuelvillacorta@yahoo.com