Las políticas públicas, durante estos últimos años, han ido en la vía de restarle competitividad al país; y por ende, la inversión local y extranjera se va retirando a pasos agigantados.

La falta de instalación de nuevas empresas, debido a los altos costos de operar en Guatemala, se puede ver por la migración de inversionistas a Nicaragua y ahora con la devaluación hacia México. En ninguno de estos dos países hay que gastar las millonarias sumas que aquí gastan los empresarios en seguridad, tampoco hay invasiones y los gobiernos garantizan la propiedad y la inversión.

Para muestra el cierre del ingenio en el Polochic, donde se perderán tres mil plazas de trabajo y nuestro sistema judicial, politizado y amedrentado, es incapaz de cumplir con su mandato

La reciente Feria del Empleo reflejó la incapacidad del sector productivo, de satisfacer las necesidades de esos 250 mil jóvenes que año con año se suman a la fuerza laboral. Se recibieron dos millones de hojas de vida, en las que había, en su mayoría, personas con escolaridad desde educación media hasta jóvenes con maestrías en diferentes disciplinas.

Nuestros puertos y aduanas siguen siendo una pesadilla para importadores y exportadores; cada vez hay más disposiciones burocráticas que encarecen la mercadería importada, y nuestras exportaciones son objeto de impuesto que en otros países centroamericanos no existen.

Mientras nuestros vecinos mantienen estabilidad en sus salarios mínimos, aquí en Guatemala, desde el año 2010 al 2016, este salario ha subido nada menos que un 44%, que lo llevó a ser el más alto de Mesoamérica, pero eso al sector laboral lo tiene sin cuidado.

La problemática empeorara en vista de las nuevas leyes que atentan contra la propiedad privada, como lo es la Ley de Desarrollo Rural Integral, cuya iniciativa es la No. 4084 y el Plan de Ordenamiento territorial, iniciativa 4995. Ambas leyes trastocan nuestros artículos constitucionales, que garantizan la propiedad y la libre empresa. En esta última ley, el objetivo es planificar el uso y ocupación de todo el territorio nacional —todos de acuerdo—, pero si vemos los artículos 4 y 51, ahí se establece que de ser declarado de interés general, todos los territorios que sean declarados de interés general, que puedan servir de paso para vías públicas, espacios públicos, áreas verdes, parques, deben ser cedidos a las municipalidades, sin derecho a indemnización, ¿Qué se consideran espacios públicos? Y ahí va la discrecionalidad que generará corrupción y abusos de autoridad.

El artículo 66 dice: establecer la expropiación de cualquier propiedad considerada de utilidad colectiva, pudiéndose forzar a construir en un terreno vacío y en un período de tres años una edificación, de lo contrario será afecta en nombre del interés social.

Las dos leyes que han sido trastocadas por presiones de grupos locales y extranjeros llevarán al modelo de las garantías hipotecarias a la quiebra, pues ninguna entidad financiera tendrá la certeza de que el bien hipotecado no será “alzado” como se dice el lenguaje jurídico, cuando un bien que representa garantía es cedido, vendido, enajenado sin autorización de quien prestó la plata.

Por otro lado, llega a su término el decreto 29-89, lo que representará que la empresa exportadora migre. Y aquí no serán tres mil, sino mucho más que entrarán a las filas del desempleo, economía informal o actividades ilícitas. Pero veámoslo bien, ese es el objetivo de las organizaciones como Codeca, CUC, Uvoc, FNL, tener más hambriento al pueblo, para seguir recibiendo donaciones y resarcimientos.

Señores diputados, en sus manos está el futuro de nuestra juventud, pero a este paso estarán perdidos.