Una de las tareas de los analistas políticos consiste en emplear sus conocimientos, experiencias e intuiciones para prever las posibles consecuencias de los hechos ocurridos, sobre todo en el caso de Guatemala, con una celeridad casi apabullante. Lo normal en nuestro país son las situaciones inesperadas y anormales, así como aquellas consideradas como resultados imposibles de evitar a causa de acciones anteriores, por ello también imposibles de cambiar. Este es el caso del posible retiro del derecho de antejuicio al presidente Jimmy Morales, posibilidad muy lejana pero no cien por ciento descartada, como también lo es una separación del máximo político del país antes del 14 de enero del 2020.

Si esto ocurriera, la realidad política nacional permite prever las consecuencias de los pasos siguientes. Uno, el ascenso del vicepresidente Jafeth Cabrera a la primera magistratura, y la elección por el Congreso de un nuevo vicepresidente. Pero las posibilidades de una presidencia corta son gigantescas, debido a la tambaleante situación provocada por las posibilidades de encontrarse en un émulo de las del presidente Morales. Al salir de la presidencia el doctor Cabrera, subiría quien sea el electo por el parlamento, y este elegiría al vice, en una repetición de lo ocurrido con el caso Pérez Molina-Baldetti, con la diferencia de haber sido la vicepresidenta quien salió primero del puesto para el cual fue electa.

Desde el punto de vista teórico político, no hay nada causante de sorpresa. Pero en la práctica sería una tragedia, porque este Congreso es sin duda alguna el más desprestigiado de la historia nacional. Las dos personas electas serían buscadas dentro del parlamento, y a causa de la irresponsabilidad de actuaciones de este, como ejemplifica el vigente Pacto de Corruptos no se escogerían ciudadanos probos y ajenos a estos vaivenes nefastos, como podría hacerse, sino entre aquellos dispuestos a mantener la tragedia de la corrupción política presente en todos los niveles sociales. Esa es la situación más preocupante de todas, pero con mayores posibilidades de convertirse en una realidad.

Es necesario entonces un pacto político multisectorial. La preocupación por esa negra posibilidad está presente en la mayoría de la población pensante y analítica, cuyo número parece aumentar sobre todo en los sectores jóvenes del país, quienes a causa de la emotividad y de la esperanza por contribuir a un mejor país, se presentarán en número mayor a participar, alejados de las cicatrices y las ideologías del pasado y ajenos a criterios políticos impresentables. No se han hecho encuestas a este respecto, pero el análisis basado en actitudes y opiniones de quienes tienen menos de 40 años parecen demostrar una actitud distinta a la de las generaciones de más de esa edad, límite para ejercer la presidencia.

Es momento de preguntarse con seriedad cuál es el menor de los males: mantener el período presidencial con un pacto de quitar la peligrosa tendencia a hablar sin meditaciones previas, o sumir al país en la aventura de poner al mando a alguien casi seguramente tan poco capaz como el actual mandatario. A mi juicio, la primera opción es la menos mala, pero necesita primero la aceptación de la errática conducción del país y de la necesidad de hacer cambios consensuados con quienes con su presencia contribuyen a empeorar las cosas. No sería la primera vez de un “pacto de no agresión” en un país necesitado con desesperación de salir adelante, al ser traicionado por quienes se aprovecharon de la nobleza popular.