Suele ser creencia generalizada que las desgracias no llegan solas y por ello se consolida la percepción de que detrás de una llegará otra. Guatemala entró en una espiral de violencia puesta en una especie de silencio cuando empezaron los embates contra la corrupción, que cobraron más protagonismo y dominaron la agenda de casi todos los medios de comunicación.

Sin embargo, ese otro flagelo siempre ha estado presente en el diario vivir de millones de guatemaltecos, quienes a sus penurias suman la de vivir en uno de los países más inseguros del mundo, en el cual, aunque hayan descendido modestamente los indicadores de violencia homicida, el raterismo sigue presente como un yugo, al igual que la corrupción.

No es osado afirmar que incluso una puede ser consecuencia de la otra, pues también se ha generalizado la percepción de que dentro de las filas de las fuerzas de seguridad y los entes de investigación criminal se encuentran infiltrados oscuros servidores del crimen, lo cual ha sido posible gracias, precisamente, a la corrupción.

Lo que muy pocos se atreven a relacionar es que tan perversa mezcla entre corrupción y criminalidad es el elevado costo de una factura de los distintos tipos de bandolerismo, pues el desgobierno indiscutiblemente se reproduce a otros niveles, como es el desborde de las extorsiones, que no sería posible cometerlas con tanta facilidad sin cierto aval de quienes tienen el patrimonio de la seguridad o no se mostraran tan débiles.

Durante los últimos días, pero sobre todo desde el pasado jueves, los extorsionistas lanzaron criminales ataques contra empleados de una empresa de telefonía, en una despiadada represalia al no recibir una suma fijada por ellos. Esto es un reflejo de lo que ocurre con los 15 homicidios que, en promedio, se cometen en una de las ciudades más violentas del mundo.

Es uno de los ataques más desalmados, al cual siguieron otros, igualmente salvajes, hasta llegar a un nuevo acto de terror el pasado lunes, en Huehuetenango, donde un grupo de hombres armados atacaron a empleados de una hidroeléctrica, hiriendo de bala a un agente de seguridad.

Esta situación tan dramática ejemplifica el grado de descomposición y hasta de ingobernabilidad en determinadas regiones. No se debe tolerar que un grupo de maleantes pueda disponer de la vida de honrados guatemaltecos sin que literalmente las fuerzas de seguridad hagan algo para evitar esas intolerables muestras de despiadada violencia.

Guatemala tiene suficientes ejemplos de la pérdida de control en más de una dimensión del Estado, y los criminales, tanto los de cuello blanco como los vulgares extorsionistas, parecen tener meridiana claridad sobre esa disfuncionalidad, y cuando desde las más altas esferas de poder no existe un mínimo de respeto por lo que se hace, ni por lo que hacen otros sectores comprometidos con la depuración del sistema, se corre el riesgo de convertirse en promotores de un Estado cada vez más cercano a lo fallido. Es un serio riesgo cuando no se vislumbran luces de compostura o un asomo de gobernabilidad por el bien de quienes quedan a merced de una delincuencia cada vez más desalmada.