Ayer se cumplió un mes de la trágica erupción del Volcán de Fuego que dejó una cifra incierta de personas fallecidas en la comunidad San Miguel Los Lotes. Oficialmente, la Conred sostiene que son 113, pero vecinos de El Rodeo calculan que fueron unas 2,800 personas las que perdieron la vida. En un país sin planificación ni ordenamiento territorial; sin censo de población ni estadísticas municipales que den cuenta de quiénes son las personas y las comunidades a quienes supuestamente sirve la autoridad local, la especulación y el “más o menos” termina siendo el sustituto al dato concreto. ¡Fácil decirlo para quien no puso los muertos!

De San Miguel Los Lotes, en cuyas 186 casas destruidas —según datos de la Conred— habitaban unas 3,500 personas, quedan unos 700 sobrevivientes, diseminados en 21 albergues oficiales, más el que se instaló en la finca La Industria. Allí, el Gobierno ha prometido construir mil viviendas, lo que hace suponer que a ese lugar llevarán a vivir a otras familias cuyas viviendas siguen de pie en las comunidades aledañas a la zona de desastre y que estarían en riesgo nuevamente, en caso de retornar.

Ayer se daba cuenta de 3 mil 643 personas albergadas. Fuentes en el área señalan que son solo como 2,225 los que quedan. Es algo normal la merma de personas en los albergues conforme pasa el tiempo. Hay que recordar que, aunque en un principio hubo hasta 32 albergues oficiales y al menos nueve no oficiales que llegaron a concentrar a poco más de cinco mil personas, más del 50% de la gente se fue retirando con los días. Sea porque han decidido resolver por su cuenta su situación o porque sus casas no se destruyeron y han decidido retornar, al menos para rescatar algunas cosas; o porque se mueven de albergue al encontrar otros familiares, siguiendo el legítimo derecho de reunir lo que les queda de familia. Otros simplemente se reubican en casas de parientes.

También pesa que la Sosep y la Conred han ido sacando albergados si no cumplen con las reglas u horarios establecidos. Definitivamente hay reglas que cumplir para mantener la gobernabilidad y seguridad en los albergues, pero el hecho de que sólo les permitieran salir durante una hora al día, y que a quienes se regresaron a la llamada zona cero tratando de rescatar cadáveres de familiares, ya no los admitieran de vuelta, parece algo exagerado y cuenta, de seguro, como causal de la rápida reducción del número de albergados.

Lo más preocupante, según me han informado, es que si las víctimas son dadas de baja de los albergues pierden la posibilidad de acceder a cualquier beneficio gubernamental de aquí en adelante. Espero que esto no sea cierto y que hayan logrado integrar un registro único de víctimas, con un mecanismo para dar de baja a una persona del albergue, pero no necesariamente de la fase de rehabilitación que viene. Mientras más se tarden en crear ese registro, más susceptible será a que personas que no son del área sean incluidas, aprovechando para beneficiarse de la tragedia ajena.

La insistencia en tener las cifras lo más correctas posibles tiene que ver con la fase de rehabilitación que se avecina y la necesidad de planificar qué hay que hacer, para quiénes y para cuántos. Pero también hay una razón de orden simbólico y reparador: que el Estado reconozca la magnitud de la tragedia, de vidas humanas perdidas, tiene un papel en el proceso del duelo que deben enfrentar los sobrevivientes. Nos dice que esos individuos, familias y comunidades importan a la sociedad. Es un mínimo de respeto reconocer públicamente que existieron y ya no están más. Eso haría un Estado humano y un gobierno responsable: honrar a esas personas y a sus deudos.

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