Guatemala acumula ya demasiado tiempo inmersa en una profunda crisis cuyos principales protagonistas se resisten a responder demandas ciudadanas y, lejos de eso, persisten acciones para beneficiar a quienes han convertido el sistema político en una modalidad de descarado enriquecimiento.

En vez de promover reformas y encarar con ética la conducción del aparato público, desde los más altos organismos del Estado se busca hostigar y desacreditar a quienes a lo largo de estos años han demandado cambios. Incluso se han gastado cifras millonarias para pagar a burdos esbirros a través de redes sociales, sin reparar en la penosa faceta que muestran quienes se resisten a la transformación.

Detrás de todo hostigamiento gubernamental crecen dramas inconcebibles, donde los políticos sistemáticamente han erosionado las bases de las instituciones, al punto de hacerlas disfuncionales o cuyo sometimiento al poder político las convierte en caricaturas del papel que están llamadas a desempeñar.

Hubo un tiempo durante el cual quienes trataban de descarrilar la lucha contra la impunidad intentaban descalificar a sus protagonistas afirmando que íbamos rumbo a una venezolanización de Guatemala, y ahora se ha demostrado que ha sido al revés; es decir que eran el aparato oficial y sus corifeos quienes trabajaban en el socavamiento del sistema.

Ahora existe plena conciencia de que desde las más altas esferas del poder, no solo el político, se ha jugado peligrosamente con el sistema, y cuando alguna parte de este se ha sacudido las presiones, se ha llegado a extremos de un hostigamiento intolerable, como ocurre actualmente con el Tribunal Supremo Electoral, que ha sido objeto de acoso y críticas infundadas de quienes con descaro pretenden que aquí nada cambie, aunque se siga corrompiendo a los políticos para convertirlos en servidores de oscuros intereses.

Pocos son los que se atreven a denunciar que desde las más altas posiciones de poder se amedrenta a la sociedad y a los medios de comunicación independientes, como sucedió con el fracasado socialismo del siglo XXI, que implementó Hugo Chávez en Venezuela y que de manera trágicamente bufonesca pretende sostener Nicolás Maduro. Por esos mismos vericuetos transita Nicaragua en los últimos meses, bajo la satrapía de Daniel Ortega y su mano derecha, Rosario Murillo.

Guatemala ha empezado también a transitar por esas sinuosas veredas y solo porque el peso de la corrupción ha sido tan demoledor es que ha surgido un repudio generalizado hacia quienes se obstinan en avanzar por la ruta opuesta de la historia, con el único objetivo de apuntalar la construcción de un país con cimientos de inmoralidad y latrocinio.

Esa manipulación en las más altas esferas de poder ha puesto a millones de personas en riesgo, no solo aquí. Se deben frenar esos abusos y no tolerar argumentos en boga como el que expone ahora el presidente de Estados Unidos, quien ante un eventual procesamiento y destitución asegura que lo pagará la economía, cuando tanto aquí como allá está demostrado que la fortaleza institucional es la mejor receta contra cualquier abuso de poder.