Cuando apenas se habían cumplido los primeros dos meses de gobierno, el presidente Jimmy Morales denunció un plan para desestabilizar a su administración y responsabilizó de ello al crimen organizado, cuyas mafias buscaban infiltrar a su equipo, todo lo cual ocurría, dijo, “porque no hemos dado paso a que grupos criminales se incorporen como hacían anteriormente”.

Esas declaraciones las dio el mandatario el 19 de marzo del 2016, durante la inauguración del plan de prevención para la Semana Santa y ante el aumento en los indicadores de violencia. Lo curioso de esas palabras es que se repiten casi un año después, solo que ahora en boca del ministro de Gobernación y del vicepresidente Jafeth Cabrera, quienes ven en la escalada de homicidios registrada durante el mes de enero último un nuevo impulso desestabilizador.

Declaraciones apresuradas cuando no se abunda en detalles pueden dar lugar a interpretaciones peregrinas, sobre todo cuando el país atraviesa por una de sus más agudas crisis de credibilidad en las instituciones y es cuando se hace imprescindible que las autoridades ofrezcan mayores detalles.

En casos como estos, el primer argumento es que las pandillas serían las responsables de cometer ataques violentos para generar zozobra entre la población. Lamentablemente se debe aceptar que esos grupos delictivos han sido utilizados de manera perversa y eficiente en el pasado por funcionarios inescrupulosos.

La corrupción en las prisiones también debe ser un asunto de profundas investigaciones, pues es conocido que desde estas son dirigidos muchos de los actos ilícitos cometidos contra los guatemaltecos y por ello resulta inexplicable que las autoridades sean incapaces de frenar la corrupción imperante en esos centros de reclusión, para romper los nexos con los ejecutores externos.

Es factible un potencial vínculo entre pandillas desestabilizadoras, funcionarios deshonestos y autoridades de alto rango que podrían obtener beneficios del efecto perverso de esas relaciones. Esto también explicaría la facilidad con la cual actúan los sicarios, brazos armados de un malévolo sistema que opera con demasiada libertad en las calles.

No deja de llamar la atención que en los últimos días se produzcan ataques espeluznantes, como la muerte violenta de cinco taxistas en un solo día, sin que se hayan producido capturas relevantes, o la salvaje muerte de dos niños en San Juan Sacatepéquez, igualmente con total impunidad, justo cuando se ha iniciado el retiro progresivo de efectivos del Ejército de los patrullajes combinados con la Policía Nacional Civil.

Por esa razón es que desestabilización resulta ser una palabra muy fuerte para los guatemaltecos, y hablar de ello incluso obliga a dar más explicaciones, sobre todo porque también existen esfuerzos paralelos para desbaratar la lucha contra la impunidad, mientras que las más altas esferas del poder público guardan silencio. No es conveniente hablar con tanta ligereza cuando se trata de justificar un incremento en los indicadores de violencia que podrían tener más de una explicación.