En la medida que se conocen los primeros detalles en torno a la espantosa tragedia ocurrida el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en la que perdieron la vida 41 jovencitas que estaban bajo resguardo del Estado, se constata una serie de imprudencias y negligencias por parte de quienes tenían a su cargo la administración de ese centro y el cuidado de los menores.

Uno de los más aterradores detalles se conoció el martes, cuando el representante del Ministerio Público describió que la tragedia se consumó en apenas 25 minutos, ante la indiferencia de los responsables más cercanos de custodiar a las adolescentes. En ese corto lapso murieron en el lugar 19 de ellas, otras 21 en dos hospitales públicos y una más falleció en un nosocomio de Estados Unidos.

Otro detalle aterrador que se conoció es que se buscaba castigar a las 56 menores por una fuga ocurrida el día anterior, y por esa causa fueron encerradas bajo llave en un aula de 6.8 por 7 metros, y según informes de expertos, en ese espacio era posible albergar a 26 personas, si hubiera sido utilizado como aula, pero apenas serviría para 11 si fuera usado como dormitorio.

La decisión que acrecentó la tragedia consistió en dejarlas encerradas bajo llave y luego no atender los desesperados gritos de auxilio de quienes eran consumidas por las llamas. Más grave fue la falta de una inmediata reacción ante el angustioso clamor y no haber alertado a los cuerpos de bomberos para que se presentaran a auxiliar a las víctimas.

En la continuación de la primera audiencia, celebrada ayer, el exdirector del Hogar Virgen de la Asunción, Santos Torres, reconoció que no tiene ninguna experiencia en el cuidado de menores, algo que se sospecha no solo de él, sino también ratifica la imprudencia con que actúan las autoridades cuando se dedican a repartir cargos en el sector público sin atender los más mínimos requerimientos de idoneidad y especialización.

Pero las causas y probables responsables de este drama no se circunscriben al Ejecutivo, pues del lado de la justicia también ha sido denunciada la jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Murillo, quien debió tomar las medidas pertinentes la noche anterior a la tragedia, cuando se había denunciado la fuga. No lo hizo, aduciendo riesgos a su integridad por la supuesta peligrosidad del lugar y porque la Policía Nacional Civil no la dejó ingresar.

Esos argumentos solo magnifican la dimensión de precariedad estatal, ya que con su actitud la jueza deja mal parado al sistema de justicia, al esbozarlo como un ente incapaz de hacer que se cumpla la ley, cuando el imperio de la justicia no debe encontrar ningún obstáculo para su aplicación. Por semejante irresponsabilidad es que también se considera demasiado blanda la sanción de 20 días de trabajo que le impuso la Junta Disciplinaria Judicial.

Una tragedia de esa magnitud no puede quedar impune. El ente de persecución penal debe agotar todas las vías y llegar a las últimas consecuencias para esclarecer los hechos, pero también para buscar el castigo de quienes resulten responsables de un crimen atroz, mucho más grave por tratarse de muchas víctimas que estaban bajo resguardo del Estado.