Aunque el mandatario Pérez Molina y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, sostienen que hay avances en materia de seguridad ciudadana —supuestamente han disminuido los homicidios, las desapariciones y muertes violentas de mujeres, las violaciones sexuales, las extorsiones, la prostitución infantil, la explotación del trabajo infantil, la trata de personas, entre otros—, la realidad va por otro lado, a diario se cometen cada uno de estos deleznables crímenes. De acuerdo con  las estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y los registros de la Policía Nacional Civil (PNC), al finalizar   enero 488 personas murieron de forma violenta, cuatro víctimas más que en enero del  2014.

El caso más reciente de violencia feminicida es la desaparición y asesinato de la niña Luisa Fernanda Ramos Gudiel, quien tenía 14  años. A las 14  horas,  del día 26 de enero, salió de su casa ubicada en la colonia Carolingia, zona 6 de Mixco,  y ya no volvió. Los cobardes asesinos le segaron la vida con total saña, la descuartizaron y luego abandonaron partes de su cuerpo en distintos puntos de la ciudad capital.

La poca cobertura que le dieron los medios de comunicación masiva  es claro ejemplo de cómo se invisibiliza la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, quienes quedan en condiciones de total indefensión y vulneración.

Pero más preocupa ver cómo las estructuras criminales cometen estas deleznables arbitrariedades con total impunidad. Es imposible garantizar  seguridad ciudadana si no hay aplicación efectiva de la justicia, pero es a lo que no quieren apostarle las autoridades y las élites económicas y políticas de Guatemala, porque implica impulsar y fortalecer políticas de desarrollo y protección integral dirigidas a la niñez, las juventudes y las mujeres.

El 14 de enero, el gobernante Otto Pérez presentó su tercer informe de gobierno y en su discurso expresó que el 2015 sería el “Año de la no violencia”; sin embargo,  ese día fueron asesinadas 17 personas. Discursos como este insultan la dignidad de las víctimas y sus familias porque la mayoría de crímenes quedan impunes. Por eso, difícilmente se puede negar que Guatemala llora sangre, somos un país que tenemos hambre y sed de justicia, libertad y protección.  ¿Será mucho demandar que respeten nuestras vidas y nuestra dignidad?

Contrario al discurso gubernamental que insiste en afirmar que transitamos hacia la Guatemala que queremos, este es el país que NO queremos.