Con la llegada de Enrique Degenhart a Gobernación, en enero de este año, se reforzó la estrategia de ataque contra la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig). Se había terminado el período de colaboración que mantuvo el anterior titular de esa cartera, Francisco Rivas, y se instaló la política de animadversión contra el organismo internacional. El nuevo ministro llegó recomendado por el finado Álvaro Arzú y permitía comprender que ese vínculo determinaba la razón de su llegada al gobierno: ampliar la guerra que había prometido el exalcalde contra la Cicig y la exjefa del Ministerio Público Thelma Aldana. En realidad, Degenhart no había dejado de ser empleado de Arzú, ya que, pese a haber tomado posesión como ministro del Interior, aún figuraba en la planilla de la municipalidad capitalina de enero y febrero de este año, con un sueldo de Q20 mil mensuales como personal técnico.

Desde el arribo de Degenhart a Gobernación, la Fiscalía Especial contra la Impunidad ya no tuvo más apoyo de agentes policiales para efectuar allanamientos. Pero las hostilidades se hicieron más evidentes cuando el 21 de abril Degenhart exigió explicaciones sobre un operativo que agentes de la PNC, asignados a la Cicig, efectuaban en las cercanías de su residencia. Aunque el organismo internacional aclaró que el funcionario no era investigado, Gobernación sometió a fuertes interrogatorios a los agentes policiales. ¿Había obligación de informar a ese ministro sobre un operativo de investigación criminal? No, porque eso hubiera significado divulgar información confidencial. El enojo de Degenhart no era más que un pretexto para hacer públicas las hostilidades. Pero la acción más fuerte ocurrió la semana pasada, cuando Gobernación retiró 20 de los 45 policías asignados al organismo internacional, con el pretexto de reforzar la seguridad ciudadana. Con ello torpedea no solo la seguridad de los miembros de la Cicig, sino el apoyo que esos policías daban a investigaciones en marcha.

Sin embargo, las medidas tomadas por el ministro del Interior habría que verlas en el contexto de un presidente señalado por financiamiento electoral ilícito y ahora con indicios de haber cometido abusos sexuales contra varias mujeres. Es claro el interés de protegerse de la persecución penal, lo que pasa por restar capacidad investigativa a la Cicig. La estrategia proviene de la rosca de poder que rodea a Jimmy Morales, integrada por funcionarios cercanos a la inteligencia militar, y cuyo principal objetivo es deshacerse de Iván Velásquez a como dé lugar. Una investigación de Prensa Libre, dada a conocer a principios de julio, señala que ese grupo se habría conformado desde septiembre del 2016, tras las acusaciones de corrupción contra el hijo y el hermano del mandatario, así como la solicitud de antejuicio en su contra. Ese anillo de poder es el que habría definido darle a la estrategia un tinte ideológico y hacer creer que los señalamientos contra Morales tienen carácter golpista.

El presidente y su círculo de poder han llegado muy lejos, al punto de no retorno. La verborrea de que el gobernante apoya la lucha contra la corrupción se cayó a pedazos tras el retiro de los 20 agentes policiales a la Cicig porque de esa forma debilita las investigaciones que efectúa ese organismo. El mandatario tiene muy definidos a sus compañeros de viaje a favor de la impunidad y eso es algo que ya ha trascendido las fronteras del país. Ojalá y la fiscal general, Consuelo Porras, comprenda la necesidad de que salga de la inercia en que se encuentra porque no favorece en nada la lucha contra la corrupción y ha dejado prácticamente solo a Velásquez. De las acciones que tome la jefa del Ministerio Público también se determinará de qué lado de la historia se encuentra.

@hshetemul