Aunque algunos indicadores de violencia se han reducido un tanto durante los últimos meses, el fin de semana pasado fue uno de los más violentos y algunos crímenes demuestran especial crueldad, como el caso reportado ayer en Petén, donde un grupo de maleantes asaltó un camión, robó la mercancía y, luego de matar al piloto y al ayudante, quemó el vehículo, mientras en Coatepeque, Quetzaltenango, ocurrió un hecho especialmente preocupante por sus implicaciones: fue asesinada Lindaura Aceituno, hija del periodista Álvaro Aceituno López, que murió acribillado en junio último.

Este último caso debe ser señalado con especial énfasis, porque Lindaura, de 36 años, murió en el hospital del IGSS luego de haber sido atacada a balazos por dos sicarios en motocicleta. Su padre era el director de Radio Ilusión y del noticiero Acontecer Coatepecano, en el que comentaba sobre sucesos del municipio de manera crítica y por ello provocaba la ira de muchos intolerantes.

La muerte de este periodista tiene enormes posibilidades de quedar en la impunidad, como la de los corresponsales Federico Salazar y Danilo López, este último de Prensa Libre, quienes fueron baleados en el parque central de Mazatenango, el año pasado. Lo ocurrido viene a demostrar de nuevo el riesgo que en los departamentos del país significa el ejercicio del periodismo, lo que hace que Guatemala sea, junto con México y Honduras, un país donde ese tipo de violencia es una realidad innegable.

Pero el crimen contra la señora Aceituno le agrega una especial maldad: no se puede descartar que haya relación entre el asesinato de un periodista y luego el de su hija, con grave riesgo para su nieta.

Lo ocurrido también demuestra las graves consecuencias que pueden tener las declaraciones estultas de alguien como el alcalde capitalino Álvaro Arzú, quien al señalar que optó por pegarle a la prensa cuando ejerció la presidencia del país no solo arriesga al gremio periodístico, sino a cualquier persona que ejerza el derecho de disentir, el cual está constitucionalmente garantizado.

Para los intolerantes, entre quienes se cuenta este jefe edil y lo hace a gritos y en público cada vez que puede, tales expresiones constituyen una tácita manera de justificar la violencia. Su comentario es producto de la irreflexión, del autoritarismo extremo y de la imposibilidad de comprender los alcances de repetir desplantes que solo afianzan actitudes de rechazo hacia la crítica, de la cual se ufana y enorgullece, en un exceso increíble de arrogancia y torpeza. Por ello sus adláteres deben intentar la casi imposible tarea de convencerlo de callar de una vez por todas.

La Fiscalía de Delitos contra Periodistas ha señalado que en los primeros cuatro meses de este año han sido registrados 256 casos de agresiones, amenazas y coacciones contra los comunicadores; la mayoría, en la provincia y provenientes de criminales. Esa situación implica que el ejercicio periodístico se ha convertido en un ejemplo de valentía, la cual es muy poco reconocida por la sociedad. No caben entonces los absurdos e irracionales desplantes de manotazos contra la prensa.