La cúpula de la anterior legislatura se erige como el peor modelo de la administración pública, porque quienes estaban llamados a fiscalizar a muchos otros funcionarios para evitar el expolio de los recursos públicos se encuentran ahora de cara a procesos judiciales que podrían concluir con ponerlos tras las rejas.

Tres de los últimos presidentes del Congreso enfrentan cargos por la creación de plazas fantasma, y un cuarto será puesto en proceso a finales de este mes por tráfico de influencias.

Pero el caso en que muchas personas se dedicaron a cobrar sueldos significativos sin siquiera presentarse al recinto que hacía efectivo su pago es un lamentable ejemplo de lo que ha venido ocurriendo en el sector público durante los últimos años, donde la mayoría de las funcionarios han incurrido en lamentable abuso de poder y en muchas otras ilegalidades.

En el proceso por plazas fantasma se sienta un alentador precedente con dos acciones ocurridas esta semana que permiten vislumbrar una respuesta pronta de la justicia hacia esas prácticas.

La primera se registró el pasado martes, cuando el Tribunal Séptimo de Sentencia condenó a penas de prisión de 11 y 17 años a dos colaboradores del exdiputado Pedro Muadi, quien cuando fungió como presidente del Organismo Legislativo habría orquestado la creación de numerosas plazas y para ello utilizó a personas que trabajaban en sus empresas particulares y además cobraban en el Congreso.

La otra medida que se dio a conocer el miércoles allana el camino para que también, por acciones similares, procedan los trámites de antejuicio contra otros dos expresidentes del Congreso, Luis Rabbé y Arístides Crespo, y del diputado Manuel García Chutá, quienes son sindicados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de haber incurrido en contrataciones irregulares.

La condena contra los primeros implicados constituye un estímulo a la batalla contra la corrupción, porque es la primera que el ente acusador logra en esta nueva lucha contra el crimen de cuello blanco y también porque ayuda a vislumbrar la ruta que podrían tomar los demás casos en los que hay muchos más involucrados.

Pero quizá el principal mensaje que se obtiene de estas acciones es que, por primera vez, las autoridades están atacando de frente a figuras poderosas de la política nacional que hasta hace pocos meses parecían intocables, a pesar del enorme daño que le han causado al país con sus abusos, que socavan cualquier posibilidad de desarrollo.

La creación de plazas para esquilmar al Estado ha sido uno de los mayores lastres en que incurren los funcionarios, y aunque es una práctica generalizada en todo el sector público, alcanzó niveles vergonzosos en el Congreso.

Es tan grave esta modalidad favorita de muchos corruptos que su dimensión ha llegado a niveles inconcebibles, al punto de que ahora se trata de levantar un censo para determinar quiénes integran la burocracia, porque nadie sabe con exactitud qué personas son las que efectivamente trabajan en el Estado.