La lucha contra la corrupción sigue su paso avasallador y en un nuevo jueves de Cicig y del MP, ayer, se realizaron más de 30 allanamientos en oficinas de zonas exclusivas y de personas acusadas de ser grandes evasores, en una arremetida contra una red de traficantes de influencias, y contra el recién electo vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos.

Entre los capturados ayer también figura el exsuperintendente de Administración Tributaria Rudy Villeda, quien ya había enfrentado cargos por una irregular exoneración de impuestos en el aeropuerto La Aurora. En esa ocasión quedó en libertad bajo fianza y ahora aparece involucrado en este nuevo caso de evasión de tributaria. También se solicitó el antejuicio contra un juez.

Se repite una escena usual a partir de 2015, cuando se dieron las más espectaculares acciones de persecución criminal contra bandas de cuello blanco incrustadas en dependencias de relevancia, como el ente recaudador de impuestos o del sistema de aduanas, cuyo mayor impacto se dio con la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Ahora se suman nuevos protagonistas y afloran más detalles de una modalidad consistente en una red de gestores de alto perfil, quienes en contubernio con algunos empresarios de los más diversos sectores utilizaban esos servicios para gestionar la devolución de millones de quetzales, para lo cual contaban con una serie de mecanismos en los más altos cargos de la SAT.

Una de estas figuras es el recién electo primer vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, quien ya desde hace varios años se había incrustado en esas estructuras, donde ofrecía agilidad y efectividad para los trámites, justo cuando a la red conocida como La Línea se le dio el primer golpe por parte de los entes de persecución criminal, al extremo de que pidió cautela porque algunos de sus contactos habían caído en manos de la justicia.

Otro acusado es el empresario del sector azucarero Mario Leal Castillo, más conocido por haber sido el compañero de fórmula de Sandra Torres en la búsqueda de la Presidencia de la República, por la Unidad Nacional de la Esperanza, en las últimas elecciones y antes actuar como el secretario privado de Otto Pérez Molina, durante el régimen patriotista.

A este respecto, la Cámara del Agro emitió anoche mismo un comunicado en el que reitera su condena “a cualquier acto de corrupción y/o hechos que sean cometidos al margen de la Ley por parte de cualquier persona o empresa”, y queda a la espera de que los acusados solventen su situación legal.

Al nuevo grupo de acusados de evadir impuestos y abusar del poder y de los recursos públicos se agregan Ingmar Walterio Iten Rodríguez, propietario de Maya Quetzal, en una de cuyas bodegas el presidente Jimmy Morales presentó el pasado lunes los libros de texto escolar 2018. A ellos se unen empresarios de palma africana y de comercialización de propano.

Resulta obvio que el sistema de justicia ha dado enormes pasos en la depuración de la institucionalidad guatemalteca, pero también que todavía queda un largo trecho por recorrer, y eso no será sencillo si esos esfuerzos no reciben el respaldo de los guatemaltecos y de las más altas autoridades del país, por lo menos con no entorpecer la batalla contra la impunidad.