Bulla, diría yo, es como se percibe el muro de Trump. De hecho, una bulla tal, que opaca amenazas más reales sobre la vida del hispano en Estados Unidos. Desde esta semana, la Casa Blanca lanzó un nuevo orden conceptual que se ha hecho oficial y que impacta en el imaginario colectivo: el migrante —el hispano, en particular— es un peligro, y no una oportunidad. De acuerdo con ese nuevo orden viene la sentencia implícita: el migrante mata, el migrante es criminal, el migrante es un “Bad Hombre”. Puede sonar exagerado, pero a estas alturas espero que todos acordemos en que, con la nueva presidencia norteamericana, nada es exageración.

El miércoles, en la conferencia que anunció las órdenes ejecutivas sobre seguridad migratoria, el presidente Trump homogenizó —probablemente con intención— a los seres humanos indocumentados con los conceptos de crimen, narcotráfico y violencia. Confirmó así aquella primera postura que todos recordamos: “traen drogas, traen crimen, son violadores”. En los países desarrollados que reciben inmigración, cuando un extranjero indocumentado comete un crimen se encienden las voces que, con justa razón, reclaman que ese delincuente jamás debió entrar al país. Sin embargo, la generalización tiende a aflorar, y se esparce un juicio que alcanza a otros extranjeros que no son asesinos, no son criminales ni tienen mala intención. Mucho se ha condenado al expresidente Obama por su récord de deportaciones, pero no olvidemos que su gobierno abiertamente cuidó esa diferencia. Frecuentemente, al referirse a los migrantes que viven allá, evocaba a las madres, cuyo único propósito allí es trabajar para llevar comida a sus mesas.

Pero eso es historia. Con su planteamiento, la nueva administración justificó un plan federal en el que observo dos objetivos aparentes. El primero, reforzar el mensaje mediático que ha de sonar en las montañas de Guatemala y Centroamérica: Ya no vengan, ya no vengan, ya no vengan. El segundo, operativo, en la frontera, pero sobre todo en las comunidades, ampliando presupuestos y facultades a los sistemas federales para instalar una nueva lógica en la que las garantías constitucionales de la persona migrante parecen estar bajo amenaza: Más personal —con más atribuciones—, conducirán a más aprehensiones, con un sistema judicial que priorizará violaciones fronterizas —acelerando órdenes de repatriación—, que finalmente se traducirán en deportaciones más rápidas y expeditas.

Los contenidos de las órdenes giradas son agresivos. De hecho, tan agresivos, que se anticipan batallas legales a los niveles estatal y federal. Sin embargo, mientras tanto, resurgen políticas que dan lugar a detenciones en base a sospechas —apariencia—, multas por permanecer irregularmente en el país, y criminalización de quien facilite la vida a un indocumentado, lo cual permite temer sanciones a quien le brinde vivienda o trabajo. Cabe pronosticar duros eventos en condados de estados conservadores, tales como Alabama, Georgia, Nebraska o Tennessee, en donde, dicho sea de paso, viven grandes comunidades de guatemaltecos.

El tiempo finalmente llegó para países como Guatemala que, demás está decir, no están preparados para dejar la dependencia de las remesas familiares, ni para recibir de vuelta a jóvenes que buscaban hacer vida afuera del país, ni para los movimientos migratorios internos que podrían resurgir como resultado de la muerte del “sueño americano”. El país no tiene siquiera una institucionalidad diseñada para atender este problema, y la sociedad muestra debilidades a la hora de hacer propuestas en una materia donde los datos se resisten a aparecer. Ojalá, este duro momento propicie el acercamiento de todos quienes en el país decimos estar interesados en el tema.

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