El telón está abierto y el marco de referencia es la efervescente campaña electoral del 2015. Fecha: 25 de abril. Irrumpen en el escenario el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) develando públicamente el caso de robo, saqueo y corrupción desde la Presidencia y Vicepresidencia de la República, denominado La Línea.

En su presentación expuso, además de los más altos dignatarios, a funcionarios y empleados; empresarios, militares, narcotraficantes y demás fauna criminal, enquistados en el Estado, identificados como cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que en el 2006 provocaron la creación de la Cicig. Esa escena, del primer acto de la comedia política, provocó la renuncia a sus cargos de la vicepresidenta y el presidente, quienes desde entonces guardan prisión, pendientes de ser juzgados.

Las luces se atenúan al tiempo que en el escenario se desliza Jimmy Morales, con máscara de ingenuo candidato a la Presidencia, presentándose ante el público como “ni corrupto ni ladrón”. Aplausos y cierre del telón.

En el segundo acto, la dupla MP-Cicig sigue develando casos de corrupción. En uno de ellos, los implicados son el hijo y el hermano del ya para entonces presidente, señor Morales, quien da su primer traspié en el escenario. Otro caso es el de las aduanas, puertos y aeropuerto que evidencia la podredumbre de su administración en manos de aquellos mismos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad mencionados.

En otro más surgen nombres de empresas y hombres de negocios, hasta entonces engalanados con el aura de distinción y honorabilidad que asumían propia, como clase superior, con la que siempre ocupó la cúspide de la pirámide social y económica de la Patria del Criollo. Esta vez, denunciados por evasión de impuestos por cantidades astronómicas.

Como quien suelta una brasa de las manos, y con las máscaras desdibujadas, acuden a los tribunales y pactan sus deudas con la Secretaría de Administración Tributaria, ante la atónita mirada del público, por la disponibilidad y facilidad para obtener esas cantidades de dinero en un país poco menos que miserable. Superado ese primer susto, actores ligados al mismo elenco son denunciados por el delito de financiamiento electoral ilícito, entre otros, al partido que llevó al poder al señor Morales; este, tratando de acomodarse la máscara, cae al suelo haciéndose trizas. Detalle escénico que dejó claro que aquello de ni corrupto ni ladrón solo fue una frase del mercadeo político de nuestra Banana Republic, pero que dio el resultado esperado: ser electo.

En un acto de contrición, los actores financistas, ahora sin las máscaras, reconocen el dolo. Por un efímero momento lucen arrepentidos y ante la posible absolución de sus pecados, con la vista clavada en las tablas del escenario, juran no volverlo a hacer, al tiempo que la luz se desvanece. El público alcanza a ver cómo se miran entre sí, y sopesando lo que han hecho, saltan como impulsados por un resorte, corriendo despavoridos.
El tercer acto inicia con la campaña política del 2019. Como telón de fondo, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, manoseada, más que pensada. Todo luce preparado para que el baile de máscaras regrese a donde estaba al empezar la obra; es decir, ¡Qué viva la corrupción!

El Pacto de Corruptos, los poderes del Estado cooptados —con sus honrosas excepciones—, junto a las cámaras gremiales, desmantelaron las instituciones, marginaron a la Cicig y violentaron el estado de Derecho, poniéndonos, ya sin máscaras, a un paso de una nueva dictadura.