La capacidad fiscal para atender los grandes desafíos que enfrenta Centroamérica en 2017 es baja. Los “Perfiles Macrofiscales de Centroamérica”, informe del ICEFI divulgado la semana pasada, detalla los desequilibrios fiscales, debilidades tributarias, deudas insostenibles, opacidad o corrupción que, con variaciones, encontramos en la región.

En primer lugar, Guatemala no solo continúa teniendo una bajísima carga tributaria (relación entre el valor total de impuestos recaudados y los ingresos totales del país, medidos por el PIB), sino que además no pudo aumentarla durante el 2016. Según el ICEFI la carga tributaria para Centroamérica en su conjunto aumentó de 13.9 a 14.3% del PIB del 2015 al 2016. En Guatemala permaneció estancada en 10.2% del PIB, a pesar de los éxitos de la SAT en desenmascarar a grandes evasores. Queda mucho por hacer.

En segundo término, el país que actualmente tiene el gasto público más alto de la región es Honduras, que también fue el país que el año pasado más lo aumentó. Pero este incremento del gasto ha ido acompañado de una alta opacidad. Las mediciones reportadas en el informe del ICEFI señalan que los países menos transparentes y más corruptos en materia de gasto público, han sido Honduras, Nicaragua y Guatemala. En Honduras y Nicaragua la rendición de cuentas se ha reducido a su mínima expresión y la impunidad campea sin límites. Guatemala, a pesar de las acciones legales contra autoridades y empresarios coludidos para defraudar, continúa siendo percibido como un país corrupto. Parte del problema es causado por un sistema de inversión pública podrido en el ámbito local y nacional, con gran incidencia de personajes que continúan combinando la política con los negocios.

En tercer lugar, la mayor brecha entre ingresos y gastos públicos (el déficit fiscal) el año pasado se dio en Costa Rica, aunque lograron reducirla. En los demás las brechas fueron menores, con Guatemala en la vanguardia de la ortodoxia, con un déficit fiscal (1.7% del PIB en 2016) equivalente a casi a la mitad del promedio centroamericano.

La deuda pública plantea serios problemas de posible capacidad de pago en El Salvador, seguido de Costa Rica y Honduras. Guatemala, con casi la mitad del nivel de deuda pública que tiene Centroamérica, una de las más bajas de América Latina, no enfrentaría amenazas si no fuera por su extremadamente baja recaudación de impuestos.

Finalmente, llama la atención que a las agencias evaluadoras de riesgo, como Moody’s, Fitch y Standard and Poor, no parece importarles mucho la corrupción. Los dos países con mayor evidencia de opacidad y corrupción, Nicaragua y Honduras, fueron los únicos países de la región cuyas calificaciones fueron mejoradas por las agencias entre 2014 y 2016. Solamente El Salvador sufrió una reducción de su calificación en 2016 por las dificultades del gobierno de ponerse de acuerdo con la oposición para impulsar un ajuste fiscal sostenible.

Está claro que estas evaluaciones de las calificadoras apenas tocan la superficie de lo que ocurre. Con economías que crecen poco, altos niveles de pobreza y desigualdad, y ante un contexto internacional que se degrada, las políticas fiscales centroamericanas, y especialmente la guatemalteca, están truncas. En Guatemala es evidente su dificultad para atender las necesidades de educación y salud pública, seguridad e infraestructura. Exonera a grandes empresas, pero es insignificante su apoyo a la actividad emprendedora de miles de personas para que puedan generar empleo e ingresos de manera sostenible.

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