DEBIDO A LA VELOCIDAD y a la multiplicidad de los acontecimientos en Guatemala, muchas veces es necesario hacer comentarios muy cortos, condensados, sobre aquellos temas de importancia sobre los cuales ya se ha escrito, a veces en numerosas ocasiones, tanto en fechas recientes como anteriores o  muy anteriores. Hoy es una de tales fechas y por eso lo haré de esa forma.  Los hechos cuyas razones y efectos merecen un comentario, son a) la necesidad de actuar contra el acoso de alumnos dentro de los colegios y escuelas del país; b) la decisión de la Corte de Constitucionalidad de dar el apoyo provisional necesario para no interrumpir la producción energética de las hidroeléctricas del país, y c) la libertad decretada por los tribunales de España al exministro Carlos Vielmann.

EL ACOSO ESCOLAR saltó a la atención nacional con motivo del incidente ocurrido en un colegio privado de esta ciudad. Me llamó la atención leer lo escrito por un exalumno actualmente becado en España,  quien afirma haber recibido ese tipo de presiones sin haber logrado atención de las autoridades del centro educativo, pero además su descripción del alumno protagonista como alguien con buena imagen, reputación y comportamiento. Ayer leí un texto recibido vía correo electrónico de un plan contra el acoso realizado en Finlandia, dirigido no a las víctimas, sino a los acosadores y a los padres de familia para convencerlos de la potencial gravedad de tal actitud, causante incluso de reacciones inesperadas y desesperadas. Creo urgente comenzar una cruzada en Guatemala para lograr la eliminación o al menos la reducción de esa tortura tan desesperante.
     
EL AMPARO PROVISIONAL otorgado por la Corte de Constitucionalidad en la producción de energía hidroeléctrica otorga un tiempo prudencial para analizar y sopesar no solo las consecuencias de declarar ilegales con efecto retroactivo las decisiones de las autoridades respectivas para permitir las inversiones, luego de haber cumplido con los requisitos. Pero además permite realizar un adicional análisis acerca de las condiciones necesarias a fin de permitirle a alguna persona presentar amparos. Esto es fundamental porque el abuso de una figura legal tan importante se ha convertido de hecho en uno de los lastres más pesados para el funcionamiento del sistema de justicia, al convertirse en una forma maliciosa para beneficiar a quienes han sido justamente acusados en los tribunales.
 
EL CASO VIELMANN es notorio porque fueron jueces de un país mucho más avanzado en términos de aplicación de la justicia, no afectada —como en el caso de Guatemala— por señalamientos válidos de cualquier tipo de dolo. Independientemente de la opinión acerca del veredicto, el hecho demuestra cómo funciona  el sistema jurídico español. Se trató de un proceso muy largo, pero aunque no se esté de acuerdo con la decisión, sí se debe aceptar el resultado. De los votos necesarios, dos le fueron favorables al acusado. Así funcionan las cosas y debe lograrse algo similar en Guatemala. Es momento entonces de permitirle a analistas jurídicos examinar el caso y opinar acerca de la certeza o el error de lo decidido, pero ese es tema de uno o varios artículos adicionales.

VALE LA PENA SEÑALAR DE nuevo otro tema ya comentado: la decisión de las autoridades ancestrales indígenas de retirar la exigencia de la inclusión del sistema indígena de oralidad como base para aplicar determinados castigos. Creo justo entonces calificar a esta semana como un grupo de días con acontecimientos beneficiosos para el país porque permiten al ciudadano común y corriente, deseoso de vivir en una nación con al menos mínimas normas de convivencia, cuya disminución ha sido una constante como efecto de rompimiento de casi todas las normas sociales.  Pero también ayudan a convencer a los ciudadanos de la necesidad de dialogar, de confiar en sistemas jurídicos, y de aplicar en nuestra sociedad normas exitosas en otros países, pero debidamente adaptadas.