Con tantas sombras de crítica cubriendo de oscuridad al Congreso a diario, pocas luces penetran el ámbito mediático cuando logran trascender las cuitas politiqueras y aprueban leyes de especial interés e importancia. Este año varias leyes de impacto económico fueron aprobadas y merecen ser comunicadas a la ciudadanía para su beneficio. Por ejemplo: La aprobación de la  “Ley de Factoraje o Descuento”, “la cual fomenta la inversión en el país. El decreto autoriza la emisión de préstamos con garantías sobre documentos que provengan de venta de plazos o bienes inmuebles, con ello los diputados dotan a pequeños y medianos empresarios de una herramienta que les permite  acceso y liquidez monetaria”.

El factoraje permite a un empresario, comerciante o fabricante, por medio de un contrato, ceder una factura u otro documento de crédito a una empresa, a cambio de un anticipo financiero total o parcial, con lo cual se fomenta la inversión, activando la economía, productividad y acceso al crédito”.

La aprobación del decreto 18-2017 que reforma el 2-70, Código de Comercio, “que tienen como objetivo facilitar la apertura de negocios y la protección adecuada de los inversionistas, con la intención de beneficiar a emprendedores guatemaltecos y extranjeros.

De especial importancia es que “dota a los pequeños empresarios que pertenecen al comercio informal de las herramientas electrónicas para que formalicen sus actividades y mejoran el acceso de los emprendedores guatemaltecos a la economía formal, reduciendo el tiempo, costo y procedimientos necesarios para la inscripción de sociedades en el Registro Mercantil General de Guatemala”.

Estas reformas han hecho posible que se ubique a Guatemala 10 escaños arriba en el Índice de Competitividad Global del que actualmente ocupamos, que es de 84.

Y por ultimo, y aún pendiente, pero avanzada discusión la aprobación de la Ley de Infraestructura Vial, la cual tiene un peso crítico y una gran pertinencia sobre la inversión pública en infraestructura y las demandas sociales y coyuntura que vivimos.

Las carreteras son la punta evidente, rascuache, molesta y desesperante que se asoma a diario para castigarnos evidenciando el atraso que vivimos en todo lo relacionado con infraestructura. Pero debajo de ese iceberg se esconde una problemática que al conocerse en su profundidad preocupa por los efectos que tiene en el desarrollo integral y sostenible de los guatemaltecos: Servicios básicos, fomento productivo, movilidad interna, desarrollo urbano, riesgos climáticos y conectividad global.

Por ejemplo: a) desde el año 2013, o sea hace 4 años, no se ha construido ni “un solo kilómetro adicional” de red vial. b) Somos el país con el menor número de metros por habitante de red vial con o sin pavimento de Latinoamérica: 1.0 contra 8.7 de Costa Rica en Centroamérica. Y también la velocidad promedio más baja del área: 37 km por hora. d) Por falta de mantenimiento, el deterioro vial en el 2016 estaba en 50.43%, esto significa que en el 2012 hubiera costado US$243 millones repararla, pero en el 2016 es de US$650 millones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que “un aumento del 1% del PIB en la inversión pública en infraestructura en los próximos 5 años: (1) aumenta el PIB en 1.2% y (2) disminuiría la pobreza extrema del 23% al 18%”. Mas otros beneficios. En educación, el traslado de maestros y niños a sus escuelas requiere de una alta inversión en tiempo y recursos, debido al mal estado de carreteras y caminos. Este escenario se repite en el sector salud, en traslados de pacientes a centros de atención y en logística de vacunación, entre otros”.

Cualquier diputado que levante su mano para aprobar esta ley habrá coadyuvado a aprobar la ley de mayor incidencia económica de la ultima década. Háganlo, señores…

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