El Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas es uno de los que más rezagos tiene en su cumplimiento. Ahora que estamos a las puertas de la conmemoración del XX aniversario de la firma de la paz, los distintos grupos representativos de los pueblos indígenas y campesinos, una vez más y en el marco del denominado Día de la Hispanidad, reivindicaron sus demandas estratégicas al Estado, al que consideran racista y excluyente.

Y no están alejados de la realidad. La desprotección de los derechos relativos a la tierra y recursos naturales de esta población ha sido un problema ancestral, así como el despojo de sus tierras comunales o colectivas, aspectos que el acuerdo referido considera de vital importancia. Esto, a pesar de que la Constitución Política de la República establece obligaciones del Estado en esta materia.

Para atender estos problemas se adoptaron compromisos y medidas que a la fecha no han sido cumplidos y, por el contrario, la problemática se ha agravado, porque se han encimado otros problemas, como el desvío de los ríos, las políticas extractivistas sin consulta previa a las comunidades, la postergación de parte de los diputados de discutir y aprobar leyes de vital importancia que hace años están en ese organismo esperando turno y que por miedo o por manipulaciones políticas de muchos de los congresistas no han sido aprobadas. Por eso es que los campesinos e indígenas dicen que en Estado sólo sirve para unos pocos y reprime los derechos de las mayorías.

Es un hecho notorio lo que ha sucedido con esas acciones inhumanas de desviar los cauces de los ríos para regar las plantaciones de las fincas, dejando sin el vital líquido a las comunidades. Eso es inadmisible aquí y en cualquier parte del mundo, la vida humana tiene un valor incomparable a las ganancias que puedan generar las cosechas de quienes tienen la posibilidad de realizar semejante violación a la ley. El propio Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales presentó en el Ministerio Público 12 denuncias contra empresas, por el desvío de ríos y, según se informó, hay más en preparación.

Los campesinos e indígenas exigen, entre otras cosas, que el Congreso promulgue varias leyes, tales como la Ley de Aguas, la de Comunicación Comunitaria, la Ley de Juventud y la perennemente rezagada Ley de Desarrollo Rural Integral.

Esta última ya cuenta con un nuevo dictamen favorable de la Comisión de Agricultura, pero otra vez la engavetaron, debido a las presiones de los sectores empresariales más conservadores, quienes se oponen a la misma, la que ven como un “cuco”, especialmente en lo referido al tema de la tierra, sin aceptar que este aspecto, aunque insuficiente, es vital para el desarrollo del agro. Ya en esa nueva propuesta, se sabe que se omitió el Ministerio de Desarrollo Rural Integral, como establecía la versión original, lo cual ha causado inconformidad en las organizaciones campesinas.

Esa iniciativa de ley reconoce el papel de la mujer en el fortalecimiento del sistema agrario y establece como sujetos de la misma a los pobres y excluidos; también busca que la distribución de los recursos en el presupuesto sea equitativa entre lo rural y lo urbano, considerando la necesidad de priorizar el campo.

Se han quitado los aspectos que contenían inconstitucionalidades, los cuales eran señalados por el sector productivo organizado.

Hasta cuándo van a entender que la población en esas áreas ya no aguanta con tanta pobreza, exclusión y desigualdad. Los diputados deben poner atención a las demandas que han planteado estas marchas indígenas campesinas. Deben darse cuenta de que todo ha empeorado en las áreas rurales, hasta la desnutrición crónica en menores de dos años ha aumentado, la mortalidad materna también y la falta de servicios esenciales ha sido perenne.

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