en nuestro país a partir de 1985.

No es casualidad que la jueza Yassmin Barrios, presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, quien en sus 18 años de carrera profesional ha demostrado honestidad y estricto cumplimiento de la aplicación de la justicia, esté afrontando todo tipo de infamias. Recientemente, el tribunal de honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) abusivamente resolvió inhabilitarla por un año en el ejercicio de sus funciones como jueza, una amonestación pública y una multa de Q5,040.00.

De esa forma se pretende que el sistema judicial sea un espacio donde la dignidad humana quede subsumida a los intereses espurios de sectores económicos y políticos, cuyo pasado y presente los tiene intranquilos porque han sido autores intelectuales, materiales y/o cómplices de graves violaciones a los derechos humanos. En sus conciencias pesa el malestar de que en algún momento tengan que sentarse en el banquillo de los acusados para rendir cuentas a la justicia.

Analistas y juristas arguyen que el Cang se extralimitó en sus funciones al sancionar de manera arbitraria a la jueza Yassmin Barrios. Esta irresponsable decisión atenta contra la independencia judicial y pone en riesgo el Estado de Derecho en Guatemala. La constitucionalista Anabella Morfín, señaló que el Tribunal de Honor no tiene competencia para conocer las acciones de un juez. Son la Junta Disciplinaria y el Consejo del Organismo Judicial las entidades que tienen la facultad de examinar el desempeño de las juezas o jueces (elPeriódico, 5/04/2014).

También, Rodolfo Rorhmoser, expresidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuestionó la competencia del Cang para actuar en casos contra juzgadores. Expresó que el Tribunal de Honor puede sancionar a cualquier abogado, pero no a profesionales del Derecho que fungen como juez (La Hora, 5/04/2014).

El nefasto papel del Cang desnuda la triste realidad de Guatemala en materia de jurisprudencia. El actuar de esta entidad pone de manifiesto que en este país hay profesionales del Derecho que se han convertido en los principales defraudadores y/o mercaderes de las leyes. Lejos de dignificar esta profesión, la están poniendo al servicio de mafiosos y violadores de derechos humanos.

Sin duda, mucha razón tienen las voces críticas que de manera individual y colectiva han denunciado la ilegal sanción impuesta por el Cang a la jueza Yassmin Barrios. Una medida a todas luces antidemocrática, infame y prepotente que fomenta la impunidad y debilita la malograda democracia en Guatemala.