Desde hace demasiado tiempo, las prisiones en Guatemala constituyen el ejemplo más lamentable de la precariedad por la que atraviesa el Estado, porque en la mayoría de esos centros los reclusos imponen su ley, cuyo código no escrito se ha convertido en un pasaporte para cometer todo tipo de abusos y también de hechos criminales.

Buena parte de esa problemática empieza con el hacinamiento, estimado oficialmente en alrededor del 220 por ciento en promedio, pero en algunos centros de detención este puede llegar fácilmente al 500 por ciento, lo cual literalmente se convierte en una bomba de tiempo para las autoridades.

La gravedad de la situación había quedado reflejada recientemente durante una visita a Prensa Libre del ministro de Gobernación, quien reconoció que se carece de un registro fiable de la cantidad de reos internos en algunos penales y tampoco de quiénes son.

El miércoles pasado se buscó subsanar esa situación, y durante un vasto operativo en El Boquerón, una de las cárceles más tenebrosas del país, y en Fraijanes 2, se procedió a fichar a los privados de libertad. Lamentablemente no habían ni transcurrido 24 horas de esa intervención cuando se produjo una violenta reacción de los reclusos, que ayer se amotinaron, y aunque duró muy pocas horas, esa ha sido una tónica en muchos centros de detención, donde los jefes de las bandas aprovechan las circunstancias para cometer y ordenar otro tipo de fechorías y de crímenes.

De hecho, en muchas cárceles también se observa un alarmante crecimiento de muertes violentas, sin que las autoridades estén en capacidad de poder hacer algo y, consiguientemente, castigar a los responsables. Se ha llegado al colmo en algunas prisiones de que semejante siniestralidad se llega a reportar como casos de suicidio.

Todo el Sistema Penitenciario constituye uno de los retos más formidables para los gobiernos guatemaltecos, porque también debe recordarse que tras las rejas operan muchos de los cabecillas de poderosas redes de extorsión y sicariato, de funestas repercusiones para miles de guatemaltecos.

También es imprescindible hacer algo para evitar que quienes ingresan en esos centros sin ser delincuentes de alta peligrosidad se vean sometidos a otra serie de abusos y extralimitaciones que nadie controla, como los cobros para no hacer limpieza, disponer de un espacio para dormir o simplemente pagar para proteger su vida.

Es una lamentable situación que no solo está en manos de los reos, pues a lo largo de la historia se ha sabido que desde las más altas autoridades hasta empleados de menor rango han impuesto su propio modelo que alimenta una inimaginable red de corrupción.

El caso de Byron Lima es ilustrativo para comprender la dimensión del problema, pues era uno de los presos más poderosos, podía incluso decidir nombramientos de las más altas autoridades penitenciarias, lo que no podría ocurrir sin el aval de gente poderosa. Su propia muerte constituye un crudo testimonio de que en los penales se puede morir con facilidad, pero también con sofisticación.