Cuatro hechos de mucha relevancia ocurridos en los últimos días representan un aliciente para quienes ven en la lucha contra la corrupción la única vía para el rescate de la institucionalidad. El más reciente es la denegatoria de asilo solicitada por Manuel Baldizón ante un juzgado de inmigración de Florida, lo que abre la posibilidad de dar otro paso importante en la lucha contra la impunidad.

A esto se suma el anuncio hecho ayer por la Embajada de Estados Unidos acreditada en nuestro país de que en el transcurso de este año ha cancelado visas a guatemaltecos vinculados con abusos a derechos humanos, tráfico de drogas, lavado de dinero y otras actividades ilegales. En el comunicado también se informa que entre los sancionados se encuentran funcionarios y exfuncionarios.

No es el único caso que apunta a los esfuerzos estadounidenses por castigar a quienes violan derechos humanos o se implican en corrupción. El mismo día que en Guatemala se conocía del frustrado intento de Baldizón por buscar refugio en aquel país, también se hicieron públicas sanciones por parte del Departamento del Tesoro contra tres relevantes integrantes de la cúpula gobernante de Nicaragua.

Altos funcionarios estadounidenses anunciaron la inmediata aplicación de la Ley Magnitzky contra el subdirector de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz, por abusos a los derechos humanos; Fidel Moreno, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y José López Centeno, jefe de la empresa Petróleos de Nicaragua.

Unas semanas antes también se anunció en Honduras que al menos 16 diputados habían perdido sus visas, al ser vinculados con esfuerzos por legislar en favor de la impunidad y por corrupción.

Estos casos permiten reabrir las esperanzas de que muchos abusos que se cometen a la sombra del poder en estas naciones podrán ser castigados, aunque en los países de residencia de los sindicados los sistemas de justicia puedan operar de manera contraria a lo establecido por los jueces o por los organismos determinantes de Estados Unidos.

En el caso nicaragüense también es relevante señalar que las sanciones dictaminadas por el Departamento del Tesoro responden de manera inmediata a los abusos de funcionarios nicaragüenses, a raíz de las masivas manifestaciones contra el ilegítimo gobierno de Daniel Ortega, quien a fuego y sangre intenta aplacar el descontento de la población.

Para los funcionarios nicaragüenses, hondureños y guatemaltecos el mensaje es claro: Estados Unidos aplicará todas las medidas que sean necesarias para castigar a quienes irrespeten los derechos humanos o se involucren en corrupción, y con ello se busca disuadir a otros altos cargos de estos países para que se abstengan de incurrir en abusos, pero sobre todo que dejen de actuar como delincuentes en el desempeño de sus altos cargos.

Estos hechos también dejan patente que la postura de Estados Unidos en estos momentos es mucho menos tolerante con el abuso de poder y la rapiña en el Estado y solo cabe esperar que esos duros mensajes de la justicia y la diplomacia de ese país encuentren eco entre las autoridades.