Alejandro Sinibaldi, el prófugo que fuera el delfín del Partido Patriota para las elecciones presidenciales de 2015, aunque nunca nació su candidatura, sumó ayer una nueva orden de captura en su contra por otro caso de millonaria corrupción, planteado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

La acusación señala también a Julio Ligorría Carballido, exembajador de Guatemala en Washington, sobre quien pesan cargos planteados por los mismos organismos de investigación porque habría mediado entre dos empresas telefónicas para financiar la campaña del extinto Partido Patriota en las anteriores elecciones presidenciales.

La acusación planteada ayer, luego de 42 allanamientos para capturar a 17 personas —15 siguen prófugas— acusadas también de haber participado en estos dos nuevos casos y casi dos años de investigación, los sindica de haber cobrado más 10 millones de dólares. Ninguno de los dos exfuncionarios fue localizado, uno por encontrarse prófugo de la justicia desde hace varios meses, cuando se emitió la primera orden de captura en su contra, y el segundo porque reside fuera del país desde hace varios meses, por asuntos empresariales.

La sindicación más grave recae sobre Sinibaldi, a quien la Fiscalía General señala de haber manipulado contratos de obras públicas y arreglado pagos a constructoras que trabajaron para el Gobierno, a cambio de comisiones que fueron a parar a empresas de cartón de quien fuera ministro de Comunicaciones.

Para disimular tan voluminosas ganancias, se tejió toda una red de compañías y se ejecutaron gastos en bienes suntuosos como inmuebles, lanchas y hasta colecciones de arte, propiedades que en muchos casos se intentó hacer parecer como pertenecientes a sociedades anónimas nicaragüenses, pero gracias a un delator fue posible establecer que estaban vinculadas con el prófugo aspirante del PP.

Estas denuncias vuelven a estremecer las estructuras del poder político en Guatemala porque ratifican el enorme peso de la corrupción en la política, con el involucramiento de poderosas empresas en el financiamiento de partidos políticos, cuya dirigencia adquiere compromisos intolerables que solo se pueden solventar a cambio de concesiones ilegales u oficiosas, o de someter los bienes del Estado a intereses sectarios.

Sinibaldi habría utilizado sus influencias para impulsar negocios personales que, de acuerdo con la Cicig, solo buscaban el beneficio personal, con fondos que fueron a parar a sus cuentas, aunque en otros casos usó testaferros para disimular las cuantiosas propiedades adquiridas, varias de las cuales ya están embargadas y en un proceso de extinción de dominio en el juzgado respectivo.

La sindicación contra Ligorría sería por tráfico de influencias, según lo expuesto por el MP y la Cicig, en las que habría utilizado su cercanía con la primera línea de figuras patriotistas para amedrentar a una de las empresas de telefonía, lo que habría logrado y, producto de esas negociaciones, obtenido el financiamiento electoral ilícito para la campaña política de dicho partido. En todo caso, el asunto pone en evidencia desmanes a los cuales llegaron políticos ávidos de poder.