Siempre se ha dicho, con razón: nadie le enseña a uno a ser padre o madre. Algo similar ocurre con algunos cargos políticos. No hay una escuela para presidentes o ministros. Tampoco para procuradores de los Derechos Humanos, presidentes del Congreso, de la Corte Suprema o de la de Constitucionalidad. Todos esos cargos dependen en mucho de la capacidad intrínseca, de la educación personal y escolar. En otros países, en vista de la carencia de semejante centro de estudios, es indispensable la organización partidaria donde alguien interesado en la política puede aprenderla en su sentido de arte de gobernar. Todos esos cargos sirven para aplicar, en primero y principal lugar, a la lógica muchas veces en su escala más simple y parvularia.

La Presidencia de la República y la Procuraduría de los Derechos Humanos tienen como elemento común la necesidad de ser aplicadas con el cuidado de tomar en cuenta a la mayor cantidad posible de sectores, lo cual es prácticamente imposible. Pero sí es exigible, por evidente, la necesidad de no actuar provocando la interpretación válida de representar solo a un grupo. Dichos cargos tienen relación con lo político y lo social; con las doctrinas políticas y sociales en sí mismas. Una de las dificultades de ejercerlos es esa, precisamente. Es necesario abstraerse de algunos conceptos personales referentes a lo religioso, o a los criterios ideológicos, en el caso de los Derechos Humanos. En apariencia, es fácil. En la realidad no solo es difícil, sino también lo es identificar cuándo se está actuando mal.

En el caso del presidente Morales, uno de sus innúmeros errores consiste en haber confundido el púlpito con el podio. Se lo expresé con claridad meridiana —según yo— cuando nos conocimos, durante una visita a mi oficina de Guatevisión mientras era aspirante. Noté su molestia, aunque la disimuló. Le mencioné el ejemplo de dos gobernantes no-católicos: Ríos Montt y Serrano, así como de las consecuencias de haber confundido los conceptos mencionados. Algunos, o muchos de los guatemaltecos no-católicos —estoy seguro— no ven intervención divina directa en el resultado de una elección no favorable a él, sino contraria a Sandra Torres. Nunca sobra repetir la gravedad de una nueva división entre los guatemaltecos: aquella originada por motivos religiosos.

En el caso del Procurador de los Derechos Humanos, también en una conversación sostenida con él en mi oficina hablamos de la necesidad de actuar según el criterio de ser los derechos humanos un tema situado más allá de ideologías, para no considerarlos un privilegio de los “izquierdos humanos”, como decía un chiste cuando comenzó a ser aplicada esa idea. Pero ha tenido errores de principiante. Menciono dos: en el parque central, con la burla a la procesión, y no darse cuenta de la maniobra de las organizadoras de la actividad. Hace algunos días habría participado en un evento de una agrupación cuya línea incluye el choque y el irrespeto a las normas, hasta incurrir en riesgos de violar derechos humanos de otros grupos sociales.

No me explico cómo el PDH olvidó una regla fundamental en el tema de los derechos humanos: el balance. Al decidir estar presente en actos susceptibles de ser interpretados como políticos corre el riesgo de enviar un mensaje equivocado e inconveniente, dada la fragilidad de su situación. Su tiempo es valioso como para derrocharlo y corre el peligro de darle oportunidad a quienes lo adversan. Antes de hacer algo, debe analizar las posibles consecuencias y sobre todo si se puede interpretar como algo ajeno a su delicado papel. Una vez se llega a un puesto de esa categoría, se debe luchar por dejar clara la corrección de la decisión de escogerlo. Si no lo hace, envía un mensaje equivocado en su comparecencia con grupos cuestionables. El tiempo del famoso beneficio de la duda ya terminó.