Diversos sectores empresariales se han pronunciado en los últimos días sobre la prolongada parálisis económica por la que atraviesa el país, la cual se ha visto agravada por preocupantes síntomas de ingobernabilidad en varias regiones, sin que nadie parezca interesado en reducir la efervescencia.

Lejos de percibirse una postura alentadora sobre ese peligroso estancamiento se reiteran prácticas discutibles, al punto de que la misma Contraloría General de Cuentas ha frenado adquisiciones o millonarios contratos sobre los cuales existen dudas respecto de los valores asignados a algunas adjudicaciones, como acaba de ocurrir con erogaciones millonarias a raíz del reciente estado de Calamidad decretado tras la mortal erupción del Volcán de Fuego.

Los que más recientemente han mostrado su preocupación por el actual estado de cosas son los representantes de las cámaras de Comercio binacionales, integradas por representantes de Italia, Taiwán, Alemania y España, quienes demandan al Gobierno poner atención sobre el pernicioso efecto que tienen sobre las inversiones los distintos hechos de violencia ocurridos en varios departamentos.

Los más recientes, citados por los empresarios, son el ataque a la hidroeléctrica Sacjá, en Purulhá, Baja Verapaz, donde los agresores desarmaron a los policías y ocuparon las instalaciones. A esto se suma el secuestro durante varias horas del alcalde de Coatepeque, Quetzaltenango, todo lo cual ocurre en total impunidad.

Además, son hechos que suceden en el marco de una creciente conflictividad en la que, además, el denominador común es la indiferencia pronunciada del Estado, pues ni las fuerzas de seguridad ni el Ministerio Público ni la Procuraduría de Derechos Humanos han reaccionado, mientras que los propietarios de la mina San Rafael anuncian lo obvio: es insostenible seguir operando en condiciones de total incertidumbre jurídica.

Es un cuadro penoso que ahora los representantes empresariales binacionales reiteran, pues ese cúmulo de hechos ahuyenta la inversión y erosiona la confianza para atraer nuevos capitales. Además, se une a la reciente encuesta del sector empresarial organizado, en la cual prevalece la cautela para emprender nuevas inversiones.

La empresa israelí constructora de la Franja Transversal del Norte también evalúa abandonar ese proyecto, según lo informó el ministro de Comunicaciones, José Benito, porque la conflictividad en varios tramos interfiere con la ejecución y en muchos de esos trayectos existe una total ausencia del Estado.

En este último caso, el Gobierno considera que se trata de una serie de ilícitos que se registran a lo largo del trayecto, el cual atraviesa regiones en las cuales predomina la conflictividad, pero poco se dice de la pasividad de la fuerza pública para imponer orden, porque se considera que son muy poderosos los grupos que controlan la región.

En ese contexto se comprende que precisamente desde diversos sectores se exige: poner orden, frenar la conflictividad y garantizar la actividad empresarial, con sus derivados de beneficio económico social, para lo cual también es indispensable la certeza jurídica.