Las guerras independentistas de España se desarrollaron entre 1808 y 1829. La oportunidad la dio Napoleón Bonaparte, emperador francés, que arrebató el poder español en Bayona (Francia) e impuso a su hermano José I como rey. Ese vacío de poder provocó la celebración de las cortes de Cádiz e incubó revoluciones en España y América, con el antecedente de la independencia de las colonias británicas de Norte América en 1776 y la Revolución Francesa de 1789.

En 1809 la organización de las cortes de Cádiz solicitó a los territorios americanos enviar delegados. Los virreinatos Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata; así como Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Venezuela y Filipinas eligieron diputados. Hubo cuatro grupos: los realistas, los conservadores, destacando el tío de Simón Bolívar, liberales moderados como Antonio Larrazábal Arrivillaga y liberales progresistas.

La constitución de 1812 decretó la soberanía española, división de poderes, reconocimiento del rey Fernando VII y la igualdad entre españoles y americanos. Se legisló sobre la organización de los ayuntamientos, abolición de los derechos señoriales y coloniales como la encomienda, el tributo indígena, los repartimientos, la abolición de los gremios, la tortura y la Inquisición.

Atanasio Tzul, en su calidad de líder de los principales y concejales de San Miguel Totonicapán, al enterarse que esa constitución otorgaba a los indígenas los mismos derechos que a españoles y ladinos, unió fuerzas con Lucas Aguilar para luchar en contra del poder colonial representado por el capitán general, el arzobispo, las órdenes regulares, la élite ladina local y los caciques de Totonicapán. Los líderes de la revuelta reconocieron a Tzul y a su esposa como reyes.

En 1821 México proclamó su independencia liderada por Agustín de Iturbide, quien implementó el Plan de Iguala, haciendo temer guerras civiles en el resto del continente, al tiempo que el brigadier Gabino Gainza llegó a Guatemala como capitán general. Para la mañana del 15 de septiembre, Gainza convocó a representantes del gobierno, municipalidad, iglesia, universidad, consejo de comercio, junta legal y otros grupos a una reunión en el real palacio, para discutir sobre el proceso de independencia. Su declaración fue aprobada con 23 votos a favor y 7 en contra.

Aquellos personajes, en defensa de sus intereses y sin vergüenza alguna, asentaron en el Acta de Independencia el primer Pacto de Corruptos: “Palacio nacional de Guatemala, 15 de setiembre de 1821… congregados todos en el mismo salón: leidos los oficios expresados; discutidos y meditado detenidamente el asunto; y oido el clamor de Viva la Independencia que repetia de continuo el pueblo que se veia reunido en las calles, plaza, patio, corredores y antesala de este palacio, se acordó por esta diputacion é individuos del excelentísimo ayuntamiento: 1°_Que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el congreso que debe formarse, el señor gefe político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo.”

Hoy, 202 años después seguimos igual, sino peor, que en aquel 15Sept1821, cuando los herederos y usurpadores del poder público aglutinados en el actual Pacto de Corruptos, mantienen los privilegios obtenidos y otros, más grandes aún, en detrimento de un pueblo sumido en la pobreza, abandono y falta de educación que, contra todo pronóstico, durante el reciente proceso electoral eligió un binomio presidencial al que atribuye la posibilidad de recuperar el tiempo perdido.