En Guatemala en 2019 se debía realizar la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Un proceso constitucional que no debería ser dificultoso de realizar en una República Democrática en donde la regulación del poder público está debidamente delimitado por la Constitución y sus disposiciones se cumplen. En países con Instituciones eficientes y funcionales estos procesos de elección suceden con las normas constitucionales preestablecidas.

Una serie de acciones planteadas para entorpecer el proceso, intentos de manipulación, resoluciones perjudiciales de la Corte de Constitucionalidad y la falta de voluntad política de los diputados del Congreso nos tiene al día de hoy en esta situación.

Para tener condiciones que permitan la generación de más oportunidades en el país es indispensable contar con un sistema judicial funcional y efectivo. El no cumplimiento de plazos y estipulaciones constitucionales en una elección afecta la certeza jurídica pues es una falta a la Constitución en sí misma, la cual tiene como función delimitar el poder público (además de proteger los derechos individuales de los ciudadanos).

Esta situación y su prolongación en el tiempo es cada vez más alarmante. A medida que transcurre más tiempo se vuelve más compleja la solución. El plazo en el que los Magistrados de las cortes están en su cargo es de 5 años y este plazo es determinado por la Constitución y el cargo y no cuando se nombra a la persona. Por lo que los “nuevos” magistrados estarán desde que se nombren hasta octubre del 2024.

Como ciudadanos y sociedad debemos afrontar con responsabilidad el reto de solucionar los desafíos institucionales que tenemos. La falta de elección de Cortes es uno de esos grandes retos que puede ser el inicio para un enfoque de fortalecimiento, mejora y progreso en las condiciones de la Justicia del país.

La preocupación por este tema, que se ha repetido en diferentes ocasiones, es que muchas veces es olvidado. Si tuviéramos un plazo prolongado en alguno de los otros poderes del Estado como el Organismo Ejecutivo con la Presidencia o el Organismo Legislativo con los diputados la alarma social sería mayor y mucho más evidente. Es por ello que se debe recalcar que el Organismo Judicial es uno de los poderes del Estado y la falta de su elección nos debe de ocupar a encontrar una solución.

Ya sabemos el diagnóstico del problema de la falta de elección de Cortes y sus orígenes, es momento de dedicar energía y esfuerzos en construir las soluciones para salir de este impasse así como generar las condiciones para que esta situación no se repita en ninguna otra elección constitucional o de alguno de los poderes del Estado. Esto es condición necesaria para poder generar más oportunidades en el país.

En una República Democrática los ciudadanos tienen la responsabilidad en participar en las decisiones públicas. Bien dijo Benjamin Franklin en una ocasión cuando le preguntaron cuál era el modelo de gobierno que estaban promoviendo “una república, si es que son capaces de mantenerla”. Adaptando ese mensaje a nuestro contexto sí deseamos vivir en un modelo de gobierno en el cual se respeten los derechos debemos ser capaces de construirlo.