Creo que ya hay abundante literatura sobre el hecho de que, cuando se produjeron los procesos privatizadores de los ochentas y los noventas, se dejó en el tintero una reforma institucional que, del lado del sector público, se adecuara al surgimiento de nuevos mercados –como de la energía y las telecomunicaciones—y a la apertura de otros –como la distribución de combustibles—al igual que a la globalización de mercados anteriormente más protegidos de la competencia internacional–como los financieros, el transporte aéreo y el entretenimiento–.

Me parece que algunos de los procesos descritos arriba se justificaron con la idea de que las burocracias estatales son ineficientes y traban las iniciativas empresariales y su desarrollo. La gestión pública y los funcionarios públicos adquirieron rápidamente una imagen negativa. Fueron caricaturizados como tortugas llamadas “burocracia”. Prácticamente todas las funciones estatales se tildaron de “intervencionistas” y los procedimientos de las administraciones públicas se pintaron como trámites innecesarios existentes sólo para justificar cargos públicos costosos.

Si bien lo que algunos han llamado “euforia neoliberal” ha quedado atrás, la mentalidad de que todo lo estatal, las burocracias y los procedimientos administrativos son ineficientes y un pesado fardo que la economía debe soportar, sigue presente. Creo que esto es resultado de una confusión tan elemental como lamentable.

En efecto, la gestión empresarial en competencia abierta es, en todo lo que se relaciona con procesos de mercado mucho más eficiente que las funciones y la gestión pública o estatal. El afán de lucro es el motor del ingenio humano en busca de nuevos productos, de nuevas soluciones o de satisfactores más eficaces de las necesidades humanas a más bajo coste. Empero, cuando se trata de la adopción de medidas, de la organización de actividades o de la prestación de servicios cuyo coste no puede individualizarse y cargarse equitativamente a sus beneficiarios o usuarios, la función y la gestión pública son indispensables.

Así, el suministro de servicios de seguridad (sea en materia de transporte público o de protección personal contra la delincuencia), la sanidad pública, la defensa de la integridad y soberanía del Estado, el control de medidas preventivas de abusos o faltas de transparencia en los mercados financieros o de capitales, la administración de justicia y de las instituciones garantes de la seguridad jurídica, entre otros, deben quedar en manos de administradores o funcionarios profesionales del más alto nivel porque la gestión de las administraciones públicas es, en general, tan o más difícil que la administración de empresas.

En efecto, dentro de un marco bastante amplio, el empresario y sus administradores tienen la libertad de formular planes y de fijarse objetivos realizables con los medios de que dispongan. Al final de cada ejercicio, su acierto o desacierto se refleja en el renglón de las ganancias o pérdidas. En el marco de las funciones públicas, por el contrario, los funcionarios públicos no pueden hacer sino lo prescrito por las leyes. A cada paso la “legalidad” de sus actos puede ser cuestionada y pocas veces puede un funcionario disponer según su criterio sobre los fines a alcanzar y los medios a elegir. Casi todos estos vienen determinados por leyes o reglamentos. La poca discreción que queda a un funcionario público para formular políticas públicas puede ser cuestionada por la oposición parlamentaria y, tratándose de asuntos públicos, su actuación está siempre sujeta a la crítica de la prensa.

Las funciones públicas, dentro del ámbito que corresponde a su naturaleza, y su realización eficaz son sumamente importantes y deben estar en manos de los funcionarios profesionales más competentes que sea posible.