Luego de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996, una buena parte de la sociedad guatemalteca comenzó a imaginar y trazar rutas de esperanza. Cada uno de los 12 acuerdos suscritos entre 1991 y 1996 entre el ejército, la guerrilla y el poder económico, había requerido largas y cansadas negociaciones que involucraron a diversos sectores y personas de la sociedad, hasta definir un pacto consensuado y posible alrededor de la paz que buscábamos construir en conjunto.

Sin embargo, las agendas de la paz y de la guerra nunca han sido las mismas para todos. Recuerdo una reunión post-firma de paz en un hotel capitalino, que tenía como fin articular enfoques y acciones desde diversos sectores de la sociedad, para el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Recién iniciando la reunión, un representante de la más reaccionaria derecha guatemalteca dijo entonces algo que nos recordó cuánto nos faltaba por avanzar: “la agenda de los acuerdos de paz es su agenda, no la nuestra; nosotros ya teníamos una y seguiremos cumpliéndola, así que no nos interesa participar.”

Por primera vez, después de 36 años de un conflicto armado interno que regó este país de sangre, la sociedad comenzaba a pensar junta y a actuar unida. Consolidar la agenda de la paz negociada entre las partes que habían estado enfrentadas por 36 años, fue sin duda un parteaguas en la historia política y social de Guatemala. Tocaba entonces democratizar a Guatemala y garantizar un Estado de Derecho para toda la población. Sin embargo, afirmaciones como aquella y acciones como las que se dieron del gobierno panista en adelante, hasta el actual, probarían que, efectivamente, quienes definían entonces y aún definen la agenda estratégica para Guatemala, siguen siendo aquellos con poder económico y político e irrestricto apego a la agenda de desarrollo neoliberal. A la agenda de la paz se la tragó la agenda económica definida por unos pocos para unos pocos.

25 años después de lo que pudo ser una oportunidad irrepetible, todos los indicadores sociales y económicos nos sitúan en el lugar de la vergüenza: ocupamos los primeros puestos del mundo en corrupción, desnutrición, falta de inversión en niñez, mala y poca educación, sistema sanitario en condiciones deplorables, violencias de distinto tipo e impunidad. Y la gente sigue emigrando al Norte, buscando lo que acá no encuentra.

Durante el conflicto armado interno, estuvimos casi cuatro décadas rompiéndonos por dentro y desconociéndonos como hermanos, mientras el mundo salía de un holocausto y se definía por la Guerra Fría. La lógica de la guerra trajo consigo el horror, las prácticas de despojo y las violencias que hasta hoy perduran, transformadas en hambre, miseria, ultraje e injusticia. Luego de pactar la paz, no pudimos pegar lo que estaba roto porque la muerte había sido mucha y carecíamos del necesario músculo social y político para redefinir nuestra historia. Por otra parte, la consolidación de la agenda del poder económico que determina las relaciones de poder en Guatemala, no solo representa un obstáculo para dialogar y pactar con otros sectores de la sociedad, sino que ha secuestrado a un Estado ya famélico, dejando a sus instituciones aún más débiles.

Las causas del conflicto siguen vivas, la polarización social se ha incrementado y los últimos gobiernos nos han retrocedido décadas en nuestra intención democrática. Por ello, habría que revisar cuánto de los acuerdos se ha cumplido y retomarlos como un punto de partida para concretar el pacto social pendiente porque, aunque imperfectos, traen los ecos de las voces de las mujeres, los pueblos originarios, la niñez y la juventud, la justicia inalcanzable y los territorios abandonados. El cambio llegará tarde o temprano y lo hará de la mano de la inagotable esperanza, pero primero tenemos que ponernos de acuerdo y nombrar la paz que anhelamos.