Constituye una verdadera tragedia nacional la negativa de las autoridades de todos los niveles a participar y preocuparse por el manejo de las aguas residuales, forma elegante de llamar a los líquidos con todo tipo de deshechos, sobre todo las miasmas humanas y los residuos industriales. A esto se une el desprecio de una abrumadora mayoría de los ciudadanos, sin diferencias de estatus socioeconómico, étnico, educativo, por todo aquello referente al cuidado de la naturaleza. Es emergente esta dolorosa realidad porque ya han empezado a ser evidentes los estragos y por ello el burlón calificativo de “ecohistéricos” a quienes se dieron cuenta desde hace décadas ya no tiene razón alguna para existir. No es sólo un problema de subdesarrollo económico, sino de atraso de pensamiento y del papel del ser humano como destructor de su casa: la Madre Tierra.

Se comprueba una vez más: la existencia de leyes no garantiza ningún avance o cambio en nada si no hay, primero, una certeza del castigo a quien las rompe, y segundo, una aceptación de las razones para haberlas creado. Esto se complica aún más cuando se considera a la libertad individual como el factor más importante, sin preocuparse por colocarle límites a fin de defenderla para evitar su conversión en un libertinaje. Pero esa es la base de un tipo de pensamiento ajeno a los propósitos de esta columna. Es más cercano y menos complicado resolver, preocuparse porque se cumplan las leyes existentes, y eso comienza con las plantas de tratamiento de aguas de todas las municipalidades del país, comenzando con la más depredadora: el área metropolitana.

En el orden de jerarquía de los gastos estatales y municipales, el costo y mantenimiento de las mencionadas plantas está plenamente justificado. En las ciudades más contaminantes, obviamente, es donde deben comenzar estos esfuerzos, cuyo éxito no se puede confiar a las autoridades ediles, sobre todo en los municipios departamentales, sino a una entidad de alcance nacional encabezada, organizada y dirigida sustancialmente por personas del sector privado, para de esa forma unificar los esfuerzos en beneficio nacional con un plan de medidas a inmediato, corto, mediano y largo plazo. No hablo de una entidad burocrática más convertida pronto en guarida de parientes, amiguitas y miembros de alguna rosca política. Ya ha habido algunos esfuerzos en áreas concentradas.

Los alcaldes, todos, se preocupan por obras “notorias y bonitas”. Hace algunas décadas el alcalde capitalino Leonel Ponciano se preocupó por la obra invisible, bajo tierra, gracias a la cual la ciudad mejoró. Nadie lo recuerda ni a él ni a sus esfuerzos, pero fueron positivos. Ahora, la mayoría de esos funcionarios piensan en la siguiente elección y en los negocios derivados de obras municipales realizadas gracias a contratos con empresillas de poca monta dedicadas a beneficiar a quienes los premian con los contratos. El gobierno hace lo mismo, como lo comprueba el libramiento de Chimaltenango. Mientras, como han señalado expertos, el 95% de las aguas superficiales están contaminadas, lo cual afecta los procesos biológicos y alcanza a todos los habitantes.

El tema del agua también tiene otro aspecto fundamental: la reducción del manto de las aguas subterráneas a causa de la tala inmisericorde de los bosques, de construcciones para desarrollo de viviendas y edificios en lugares donde no hay más espacio para el aumento de vehículos de todo tipo. No es cuestión solo de tener licencias, sino de pensar hacia el futuro, como lo hizo de manera visionaria el ingeniero Raúl Aguilar Batres y su equipo para diseñar el Trébol, el cual sólo quedó corto luego de cuatro décadas. El futuro llegó desde hace años, y lo peor es la ausencia de pensamiento lógico de quienes deberían tomar decisiones al menos mínimamente correctas y la falta de programas de concientización de la importancia de la actividad individual para salvar al planeta.