Las actuaciones del oficialismo en los últimos días, sobre todo en las últimas horas, me han puesto a pensar en crear un nuevo término para su inclusión en el Diccionario de la Lengua Española: alegalidad, y en los textos jurídicos como el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ). Su definición es corta: la negación de la existencia de la ley. Difiere entonces de ilegalidad, porque esta es contraria a la ley, y por tanto la admite. Tampoco es legalismo, porque este consiste en la aplicación literal de la ley, “sin considerar otras circunstancias… centrar cualquier análisis al sistema jurídico nacional, sin tomar en cuenta valores morales, principios, ni opiniones de la ciencia (cualquiera) para solucionar problemas planteados al derecho”. DPEJ, p. 1,264.

Creo necesario hacer una explicación. El prefijo “a” implica negación; de allí amoral; inmoral es “opuesto a la moral; amoral es algo desprovisto de moral, a la cual puede oponerse. Pero alegal es algo sin ley, y ello implica la negación de su existencia. Para entender la lógica y hasta predecir las futuras acciones del gobierno actual, se debe recurrir a ese necesario nuevo término, inexistente porque hasta ahora no había habido necesidad de describir ese tipo de acciones. Según un viejo dicho, al entender un problema se llega a la mitad de su solución. Todo el problema político del país se debe analizar desde esa perspectiva, muy difícil de entender para quienes confían y aplican el conjunto jurídico nacional con los cánones de la legalidad y a veces de la corrección.

En esas circunstancias, resulta lamentablemente inútil tomarse la molestia de explicar cuáles son las razones pertenecientes a la Constitución, ley suprema, hasta el resto del cuerpo de leyes. El análisis legal de la actuación de quienes tienen cooptado el sistema jurídico del país sirve entonces solamente para conocer cuántas leyes han sido violadas, retorcidas o ignoradas. También es útil para enterarse de las interpretaciones absurdas, de la aplicación selectiva, y sobre todo para comprender la calidad de persecución simplemente política, no jurídico-política, aunque por otra parte alegal. Ya no es “para mis amigos todo; para los demás, la ley”, sino “para mis amigos todo, para los demás la ley debidamente retorcida o aplicada, aunque reviente el mundo”.

Esa necesaria idea de la alegalidad trae consigo otros conceptos: el convencimiento de a) El poder político no terminará nunca y si hay peligro, se recurre a cualquier interpretación grotesca o malintencionada; b) Al negar la ley, puedo decir cualquier cosa porque nunca será mentira; c) El país es una isla perdida en el universo y por ello no acepta existencia de naciones, ni mucho menos sus sugerencias, aunque sean en forma de veladas amenazas; d) Todo lo expresado usa lenguaje ambiguo, resbaloso, lleno de detalles supuestamente insignificantes, y cuando se incumple, se apela a una supuesta pero inexistente independencia de las instituciones; e) La lista puede aumentar si se realiza un análisis siquiera un poco profundo, eso sí, fuera del alocado activismo pseudoideológico.

La necesidad, como madre de la invención, se aplica también en el lenguaje. La situación política del país es inaudita, impresentable, sin precedentes ni lógica alguna. Mientras, el riesgo peor lo tienen la ciudadanía y la república como tal, así como la democracia, entendida como la forma de gobierno. Un nuevo ejemplo: en la Antigua Guatemala, el Ministerio de Cultura cerró el Museo del Libro Antiguo, donde se guardaban obras históricas irrecuperables, enviadas en cajas a una bodega del Palacio de los Capitanes Generales. El local fue cedido por el alcalde Del Pozo al Ministerio Público, entidad hoy tan cuestionada. Lo menciono porque la alegalidad incluye la creencia de poder nombrar a cualquiera a un ministerio, como el de Deportes, a costo de destruir documentos históricos merecedores de respeto.