La semana pasada, aunque parecía imposible a causa de tanta barbaridad en este proceso electoral, en solo cinco días nuevos y graves sucesos se agregaron a la actual hecatombe político-jurídica cuyos efectos pueden convertir a Guatemala en un país paria, excluido de las ventajas y tratos otorgados a los demás, por considerarlo inferior, abandonado, rufián. En su orden: el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la promesa de Giammattei de entregar “al presidente o presidenta”; la amenaza de muerte a Bernardo Arévalo y Karin Herrera; la petición de Consuelo Porras de impedir críticas a su gestión; el regreso de Sandra Torres, solicitando antejuicio contra tres magistrados del TSE, cuyo motivo verdadero pero mañosamente oculto es desintegrarlo.

Por su importancia, la amenaza contra Arévalo y Herrera es el peor, al demostrar la resurrección de viejas prácticas. Este hecho es real, pero quien piensa mal puede considerarlo parte de un plan para lograr, como ocurrió, la severa petición internacional para dar seguridad de ambos. Pero al ser miembros de la SAAS los encargados y tener cercanía con el Ejecutivo, significa una forma de vigilancia de todas sus actividades, y tiene el efecto tácito de encierro. El informe de la CIDH es terrible para el gobierno: constituye una crítica de todo el continente, con excepción de las dictaduras abiertas. Sin duda, una de las molestias de un cargo de esa naturaleza es la pérdida de la vida privada, hasta de decidir la forma de vestirse, porque son muy importantes representantes del Estado.

La ambigüedad de las palabras de Giammattei abre las puertas a más incertidumbre, sobre todo por la poca credibilidad de estas al haber hecho muchas veces lo contrario a lo prometido. La petición de Porras es una lamentable nueva muestra de su ignorancia de las leyes, incluso las de rango constitucional. Las críticas recibidas en todos los medios de comunicación no alineados, se refieren a las acciones como funcionarios públicos de ella, Curruchiche y los otros miembros de su equipo. Si le ofende o desagrada, no hay forma para cesarlos, y en caso de ofensas personales, pueden ser calumnias, injurias o difamaciones, materia del Tribunal de Imprenta al cual puede recurrir, si lo desea, al dejar el cargo. La solución inmediata y más útil para todos: renunciar, irse.

Con respecto a la inhabilitación del partido, dos experimentados abogados constitucionalistas refieren: el MP está imposibilitado de actuar, ni ahora ni después de terminado el proceso electoral. Rohrmoser señala la “preclusión” definida como “pérdida de oportunidad de realizar un acto procesal por intentarse fuera de plazo”(*) y además por medio de un funcionario legal a quien “no le corresponden”. Al no haberse presentado “en tiempo y forma”, la resolución del TSE está vigente. Medrano expresa: “la suspensión y cancelación de un partido es materia de la Ley de Partidos Políticos, y un juez penal no tiene competencia para ordenarla”. En todo caso, los solicitantes actúan motivados por el respeto y obediencia a la ley, y también pueden acatarla “bajo protesta”.

La actuación de Torres no merece comentario, por oficialista. Hay certeza de la incertidumbre, de los votantes –aunque minoritarios, al ser 45% de los sufragios válidos–. A cercano plazo, los peores efectos se sufrirán en lo internacional, por no respetarse el resultado de una elección, aunque haya motivos para criticar al TSE al no fijarse de los defectos antes de la inscripción. Como dice Rohrmoser, ya están a destiempo. No es la primera vez de un casi así, y la ley debe respetarse, por razones jurídicas. Éticamente se debe decidir si debe prevalecer el hecho en sí o su resultado. Con tal inseguridad jurídica, no invertirá nadie. Se demuestra la urgencia de cambiar partes de las leyes e instituciones políticas.

(*) Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, dirigido por el jurista Santiago Muñoz Machado, actual presidente de la Real Academia Española.