La reciente “ley para la protección de la familia y la vida” tiene muchos aspectos a ser debatidos, pero hay uno de fondo que merece atención y está relacionado al rol del Estado y el poder limitado que este debe tener sobre los individuos.

El escenario político a través de los años ha estado permeado por luchas de utilizar el poder coercitivo del Estado para “luchas reivindicatorias”. El populismo ha evolucionado a crear tribalismos. Tribus a través de las cuales se genera fraccionamiento de la sociedad y una lucha por ser la tribu dominante con control sobre las otras, que es hábilmente utilizado por los populistas. Estas tribus pretenden ser impuestas previas al individuo afectando su libertad y responsabilidad.

La reciente iniciativa de ley 5272 “Ley para la protección de la familia y la vida” pretendía crear un reconocimiento tribal al definir y establecer, por medio del poder obligatorio del Estado, una moral ideal. Esto con la justificación que era lo practicado por la “mayoría”. ¿Debe tener el Estado está facultad? Estas políticas o leyes colectivistas tienden a generar un impacto abrumador y abusivo sobre el individuo: la minoría más importante, que antecede la idea y concepto de Estado.

Como sociedad tenemos que asegurar que no se vulnere o afecte el principio de igualdad ante la ley, es decir todos somos iguales ante la ley en derechos, obligaciones, libertades y responsabilidades. La creación y reconocimiento de tribus (mayoritarias o minoritarias) desde la ley deriva en una lucha constante para alcanzar el poder público y establecer una dominación de una tribu hacia la otra.

El concepto de un Estado “paternalista” que pretende imponer creencias, conductas o privilegios a los individuos con la intención de orientar sus vidas y comportamientos afecta directamente la igualdad ante la ley y tiende a generar privilegios arbitrarios.

La ley en mención no entrará en vigencia, de momento, ya que el presidente Giammattei solicitó que se archivara en el Congreso porque él no la sancionaría. Pero a pesar de esto, todo este proceso arroja algunas luces preocupantes. ¿Por qué esta iniciativa de ley avanzó en el Congreso sin ninguna revisión seria sobre las implicaciones constitucionales? ¿por qué no existe una respuesta eficiente ante estas amenazas dentro del Congreso? y ¿en relación con qué prioridades está definida la agenda legislativa del Congreso?

El Congreso de la República es una de las peores instituciones calificadas en relación con la confianza ciudadana por lo que urgentemente debemos trabajar por que este funcione correctamente. Debemos impulsar reformas que puedan rescatar la representatividad modificando la forma de votación para que el voto ciudadano pueda ser ejercido como un control y delimitar claramente cuál es el poder del Estado sobre nosotros. al fin y al cabo “el precio de la libertad es su eterna vigilancia”.

Como ciudadanos debemos estar atentos sobre la manera en que se está utilizando el poder público, realizar un ejercicio constante de fiscalización y delimitar cuál es la función de este poder. El poder público debe estar dirigido a proteger al individuo para que este pueda desarrollarse de una forma libre de acuerdo con sus propias convicciones.