Dentro de las sorpresas relacionadas con el período previo a la segunda vuelta, ayer se conoció por medio de la agencia noticiosa EFE, la inminente reunión de altos representantes del gobierno estadounidense con los dos aspirantes a la presidencia de Guatemala, Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Va en la línea de las declaraciones del Secretario de Estado, Anthony Blinken, y el jefe diplomático para América Latina, Brian Nichols, quienes han manifestado preocupación por los ya internacionalmente inaceptables hechos ocurridos en este período, causados por la tácita aceptación del papel desafortunado, ilegal e indefendible de Alejandro Giammattei y cercanos burócratas suyos.

La aspirante Torres se apresuró a aceptar. Arévalo decidió hacerlo en forma virtual. Me extrañaría si se realizan después de esta semana, porque esa elección está a solo 25 días, y persisten dudas tanto de su realización —pese a lo declarado por el Tribunal Supremo Electoral y reiterado por la Corte de Constitucionalidad— como de la toma de posesión de quien gane, por aún haber ventanas para güizacherías. Nunca había escuchado del hábito estadounidense de entrevistarse con candidatos a la presidencia de países amigos, pero ayer EFE también recogió la calificación de “rutinarias”. Una forma de verlo es constituir una prueba de interferencia en asuntos internos, como piensan quienes de pronto se han convertido en acérrimos defensores del concepto de soberanía.

Pero hay otra perspectiva. Al ser ciudadanos participantes en una elección, las reuniones pueden considerarse amistosas y prueba de interés por las nefastas consecuencias de no obedecerse las propias reglas guatemaltecas. Puede caber el calificativo de conminatorias por ser el pináculo de una serie de claras muestras de preocupación de entidades internacionales como la ONU, la OEA, la UE y de Estados Unidos, donde ya se empieza a hablar de una amenaza a la seguridad nacional. Lo importante es la representación de los participantes y pesa también en la posible calificación de las visitas el hecho significativo de la declaración bipartidista del Senado y el Congreso, pese a la profunda separación interna entre republicanos y demócratas. Les parece tema preocupante.

Debido a la indudable importancia de las consecuencias de los temas de interés estadounidense en Washington por las acciones de ambos visitantes, los guatemaltecos tenemos legítimo derecho de saber de manera oficial lo tratado, como forma de evitar filtraciones y, sobre todo, interpretaciones equivocadas o maliciosas, publicadas o conocidas aquí debido a mala fe y propósitos electoreros, como ocurrió con el caso de la visita del arzobispo metropolitano al Ministerio Público. Hacerlo, claro, sería el doctorado cum laude de la estupidez, en momentos cuando el tiempo es cada vez más corto y, de hecho, la decisión de por quién votar ya ha sido tomada en silencio por un número de ciudadanos imposible de determinar, lo cual se reflejará en el resultado del 20 de agosto.

A mi juicio, coinciden en Estados Unidos y Guatemala el interés del respeto a la voluntad popular, a las decisiones de las entidades estatales relacionadas al basarse en las leyes de la materia, y ver como maldad implícita, casi una traición, al judicializarse la política. Por cualesquiera razones, los guatemaltecos decidiremos en pocos días el futuro inmediato del país, con la esperanza de lograr soluciones mediatas o a largo plazo al menos de algunos problemas y sus causas. Washington, esta vez, no debe ser criticado por inacción o desinterés. Ya evidentemente descubrieron la urgencia para ellos de ponerse en el lado legal correcto. Ello no significa, claro, admitir presiones para imponer cambios sociales ajenos a la calidad conservadora de la mayoría de guatemaltecos.