Guatemala muy bien podría pasar de ser el país de la eterna primavera al país de las eternas reformas. Desde hace ya unas décadas, expertos técnicos, liderazgos políticos y de la sociedad civil han mencionado que es necesario aprobar un paquete de reformas para modernizar el Estado de Guatemala. A la vez, que estas reformas fortalecerán nuestras instituciones para que realmente funcionen en pro de la ciudadanía. Entre las tan esperadas reformas está la del Servicio Civil, al Sistema de Justicia, a la Ley del Presupuesto y a la Ley Electoral.

Hoy por hoy, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) ha tomado el centro del escenario y es la próxima gran reforma. A pocos meses de arrancar el proceso electoral del 2023, las expectativas para subsanar diversos errores y desafíos del pasado son cada vez más altas. Tener un proceso electoral ordenado, confiable y, sobre todo, libre, hace que valga la pena abordar en estos momentos una reforma correctiva a la Lepp.

Recientemente, la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República conoció un borrador de dictamen de reforma a la Lepp. Este incluye modificar multas y sanciones para que sean proporcionales, eliminar el libro contable para los ciudadanos que aportan financieramente a un partido, definir claramente qué es la campaña anticipada, revertir la arbitrariedad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el tema de propaganda en medios de comunicación, abrir los listados para que los guatemaltecos voten por nombre a sus diputados, entre otras.

Es alentador ver destellos de voluntad, desde los políticos hasta la ciudadanía, para reformar la Lepp. Sin embargo, para no perder el rumbo buscando la absoluta perfección (característica que ha entrampado otras reformas o polarizado el diálogo a su alrededor) se deben delimitar bien los cambios mínimos que requiere la Ley; tener claro que aprobar una reforma no es la meta final y estar convencidos de que aún estamos a tiempo para lograrlo.

En primer lugar, delimitar los cambios que son urgentes, necesarios y realizables es imprescindible para no dejar ir la ventana de oportunidad que se presenta ahora. Por un lado, escuchar las recomendaciones técnicas de expertos y de la sociedad civil, que ha impulsado desde hace mucho tiempo una reforma a la Lepp, será clave. Por otro, se deberá llegar a consensos para poder concretar un dictamen favorable de la reforma y que esta vea la luz del pleno del Congreso. A estas alturas los diputados tienen una enorme responsabilidad de no entrampar el proceso por querer incluir, egoístamente, ajustes que no son necesarios en la reforma.

Segundo, la mayoría de los cambios que actualmente se proponen son correctivos, ya que en el 2019 fuimos testigos de muchos problemas ocasionados por la incertidumbre de las normas modificadas en la reforma del 2016. En vista de que las reformas no se sostienen solas, que una vez aprobadas en el Congreso no se aplican mágicamente o las dificultades no desaparecen de un día para otro, es necesario que nos aseguremos de que su implementación sea posible. Esto significa asegurar que la institución responsable, el TSE, tenga las capacidades para implementar los cambios, así como garantizar certeza de las nuevas normas.

Finalmente, debemos tener la esperanza de que aún hay tiempo. De lo contrario, corremos la gran amenaza de tener un proceso electoral tumultuoso. Dados los bajos niveles de representatividad ciudadana y la desconfianza hacia la democracia en el país, las reformas a la Ley Electoral son imperantes. Y si no es ahora, ¿cuándo?