El covid-19 es una tragedia de proporciones potencialmente bíblicas, la humanidad no estaba preparada para un golpe de tal magnitud. Hoy muchos temen por sus vidas o lloran a seres queridos que han sido víctimas mortales de esta pandemia. Las medidas implementadas por los gobiernos para evitar el colapso de las instalaciones de salud han sido valientes y necesarias. Sin embargo, las acciones de confinamiento han traído consigo un costo económico muy alto. Muchos temen la pérdida de vidas, pero todos temen que tendrán que enfrentar la pérdida de su “medio de vida”.

La economía está enviando señales alarmantes conforme transcurren los días. Las empresas de todos los sectores se enfrentan a la pérdida de ingresos, han tenido que reducir operaciones y, como consecuencia, despedir trabajadores. Es claro que estamos ya en recesión. Este fenómeno global ha provocado cambios radicales, y una vez que el virus haya sido derrotado habrá que superar también las terribles secuelas económicas, causadas por la bancarrota de las empresas y el mayor porcentaje de desempleo en la historia. Nadie tiene una bola mágica para saber cómo y cuándo saldremos de la emergencia sanitaria, pero sí podemos asumir por el comportamiento del virus que la crisis se prolongará más de lo previsto. Las restricciones para la movilidad han causado una caída sin precedentes en el consumo.

El papel correcto del Estado en este momento debería ser desplegar su presupuesto para proteger a los ciudadanos, apoyar al sector privado para que continúe sus operaciones, entendiendo que si se mantienen en el mercado se apoya también a los empleados. Históricamente los Estados han recurrido a esta estrategia para hacer frente a emergencias nacionales.

Hasta hoy solo una cosa es segura: la recuperación será dura, lenta y gradual. Y salir avante dependerá de la creatividad, flexibilidad y estructura de cada gobierno del mundo. Lo que sí es necesario es tener la voluntad política de hacerlo, reequilibrar la relación entre el Estado y el mercado, a fin de restablecer el papel, el espacio y la responsabilidad que le corresponde en la gestión de los bienes y servicios esenciales para la intervención pública, a fin de impulsar la recuperación y alentar la revitalización de un mercado más humano.

Aún antes de que termine esta primera fase de emergencia, debe ponerse sobre la mesa el debate de las repercusiones económicas y sociales de la crisis y las medidas más apropiadas para mitigar su impacto. Muchos países ya pusieron en marcha un plan bien estructurado para reactivar su economía, mientras Guatemala ni siquiera lo ha discutido. El paso de los días deja en claro que el tiempo para volver a la vida “normal” no será corto y que, en cualquier caso, nuestras vidas están destinadas a sufrir cambios de los cuales todavía no es posible percibir el alcance y la modalidad.

Ante este crítico escenario, las decisiones que tomen los gobernantes son de vida o muerte, debe encontrarse un acuerdo que balancee entre la prioridad de la protección de la salud, pero que también salvaguarde la economía y otros derechos constitucionales que son la esencia misma de nuestra democracia.

En este panorama tan complejo, el papel de la opinión pública global y el debate y participación multisectorial es decisivo. El primer paso debería ser formar un equipo de trabajo con economistas expertos ad honorem, y sin duda alguna escuchar la voz de los empresarios pequeños, medianos y grandes. Debe abrirse, sí, pero con las condiciones y medidas de seguridad necesarias, para lo cual se requiere también la madurez y compromiso de la población en cuanto al uso de mascarilla y distanciamiento social.