En La Antigua Guatemala desde hace unas semanas se libra una batalla cívica cada vez más creciente contra el nefasto alcalde Víctor Hugo del Pozo, quien ya llegó al trastorno total. El peor alcalde en 200 años de la ciudad la irrespeta, y causa daños mayores al del terremoto de 1976, porque altera los elementos históricos causantes del interés por visitarla, y ello provocará disminución del turismo, con efectos devastadores para la población. Se le debe poner un alto, porque cuando haya cumplido su plan de “descatoliquizar”, por ser neopentecostal, ya será tarde. Todo aquello histórico destruido es irreparable.

Entre sus acciones se cuentan gastar dinero en una catarata de juegos pirotécnicos a todo lo largo del palacio del Ayuntamiento, divulgado por la propia municipalidad, donde es un reyezuelo. Cobrar 20 quetzales diarios a cada visitante hospedado, además de la misma suma a quien entre por carro a la ciudad. Fue filmado agrediendo a un vecino cuando le recriminaba por colocar planchas de concreto en la Alameda Santa Lucía; participa con entusiasmo en la autorización de varias colonias residenciales con diseños modernos, y planificar un centro deportivo en el antiguo rastro, en vez de restaurarlo.

Tiene contratados a incondicionales para responder las críticas por medio de mensajes electrónicos y ordena al personal municipal retirar los rótulos de protesta contra sus desmanes. Ante la protesta de la Unesco, junto con su aliado, el pastor-canciller, se lanzaron a criticar a esa institución, acusándola de “injerencia en asuntos internos”. La visita de Giammattei hace dos días, abucheada por vecinos, comprobó la cercanía entre amos. En suma, está mareado de poder y se siente, con razón, apoyado desde el Palacio Nacional, pero los antigüeños están despertando para defender su ciudad, por fin. Pero tienen poco tiempo disponible…

Sigue ataque al país

Es importante resumir todo lo relacionado con la detención “por motivos empresariales” de José Rubén Zamora. (Sonrío). El lunes no se recibieron los documentos para la primera audiencia y se descompuso el vehículo para trasladarlo. (Me duele cuando me río). Y ayer el gobierno declara “su respeto a la independencia judicial y a las decisiones del MP y la división de los poderes del Estado”. Los ciudadanos son tontos, según el gobierno. Son válidas las opiniones de dejar atrás la batalla ideológica, y de no golpear la piedra filosa del descontento popular, pero es cándida la de quienes aún no conocen “las circunstancias precisas”.

Una baja importante es Gonzalo Asturias. En su última columna (lástima grande, dice: hasta nunca) afirma: “En estas circunstancias pedir justicia es sinónimo de estupidez. No hay condiciones para que la haya”. El CACIF parecía haber entendido el riesgo para el país y el riesgo para la actividad empresarial; retrocedió al retomar su añeja posición. Mientras, se afianza la copia del orteguismo para tratar a los incómodos y hoy sólo queda esperar cuál será el pretexto para atrasar la audiencia y para sacar el caso de reserva, otro elemento legal utilizado con malas, burdas, pero ya descubiertas intenciones.

La meta gubernativa es seguir la guía de la dictadura ortega-murillista en Nicaragua: deshacerse de todos los ciudadanos incómodos, comenzando con los periodistas, a quienes les ha tocado exilio, encarcelamiento, acusaciones de supuestos delitos juzgados por un sistema de justicia inexistente. Siguieron los candidatos también incómodos, y ahora en Guatemala es estruendoso el silencio de ellos. Es inaudito colocar como jueces a quienes han sido señalados de corrupción hasta internacionalmente. La captura de Zamora fue acompañada de la de la fiscal Samari Gómez Díaz, igualmente dictatorial.